La Mecha Encendida
La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, en una sesión realizada el 20 de agosto de 2025. Esta decisión permite insistir en la norma original, que ahora pasará al Senado para su tratamiento definitivo.
Para miles de personas con discapacidad y sus familias, este avance representa un paso hacia la protección de derechos básicos como acceso a medicamentos, terapias y transporte, en un momento donde la crisis económica ha dejado a muchos sin apoyo estatal suficiente.
La ley busca garantizar recursos para prestaciones esenciales, congeladas por los ajustes fiscales del gobierno. Organizaciones que asisten a personas con discapacidad han celebrado la votación, destacando que el veto agravaba una situación ya crítica.
En Argentina, más de 5 millones de personas viven con alguna discapacidad, según el último censo, y muchas dependen de pensiones no contributivas que no cubren el costo de vida, con una canasta básica que supera los 250 mil pesos mensuales para un adulto mayor o con necesidades especiales. Familias enteras, que incluyen trabajadores informales o desempleados, han visto reducidos sus ingresos por la inflación acumulada del 15,1% en 2025, mientras el desempleo nacional llega al 7,9% y la informalidad afecta al 36,3% de la fuerza laboral.
Desde la mirada de los trabajadores del sector, como terapistas, cuidadores y empleados de centros de rehabilitación, esta ley podría significar más estabilidad laboral y mejores condiciones para atender a quienes lo necesitan. Muchos de estos trabajadores, con salarios erosionados por la crisis, han denunciado la falta de insumos y el cierre de programas, lo que pone en riesgo su empleo y la calidad del servicio.
El contexto de esta votación se enmarca en una serie de ajustes impulsados por el gobierno de Milei, que priorizan el equilibrio fiscal sobre el gasto social.
Para las familias afectadas, sin embargo, esto es un respiro: niños que necesitan terapias, adultos que buscan independencia y cuidadores exhaustos ven en esta ley una oportunidad para una vida más digna.
Si el Senado ratifica la insistencia, la emergencia en discapacidad podría activar fondos urgentes, aliviando la carga de quienes luchan diariamente por inclusión.
