La Mecha EncendidaEste cambio no solo triplicaría las cargas impositivas, sino que dejaría sin cobertura de obra social a las familias y dispararía la carga administrativa.
La simplificación tributaria que busca el Gobierno Nacional tiene un lado costoso y complejo para millones de pequeños contribuyentes. El plan de reforma, impulsado desde el Ministerio de Economía, apunta a la eliminación del Monotributo, obligando a cerca de 3 millones de cuentapropistas a pasar a tributar como autónomos puros o a una nueva categoría intermedia, lo que supondría un golpe directo a sus finanzas y su estructura laboral.
Para el contribuyente promedio, que hoy abona una cuota única que ronda los $40.000 para cumplir con sus obligaciones impositivas, previsionales y de salud, el cambio representa un salto insostenible. Las proyecciones indican que, bajo el Régimen General, los mismos trabajadores pasarían a enfrentar costos mensuales cercanos a los $100.000. Este incremento, que supera el 150%, se debe a la necesidad de liquidar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias por separado, en lugar de estar integrados en un solo pago fijo.
Pero el impacto va mucho más allá del bolsillo. El Monotributo se creó para ser una herramienta sencilla que permitiera a millones de pequeños profesionales, comerciantes y prestadores de servicios trabajar en la formalidad sin convertirse en expertos fiscales. Al migrar al Régimen General, estos trabajadores se verán forzados a llevar una contabilidad compleja y presentar declaraciones juradas periódicas. Para la mayoría, esto significará la necesidad de contratar un contador para evitar errores o multas, lo que se suma como un nuevo costo fijo ineludible.
Quizás el punto más sensible es la pérdida de la obra social. Actualmente, el Monotributo garantiza al trabajador y a su grupo familiar el acceso a una cobertura médica mediante el aporte integrado. Si se elimina esta figura, los exmonotributistas se encontrarían sin esta cobertura esencial. Deberían entonces optar por contratar una obra social o medicina prepaga de manera particular, elevando aún más su costo de vida y exponiendo a sus familias a la precariedad sanitaria. El debate en el Congreso se centrará en si la búsqueda de un sistema tributario más "puro" justifica el riesgo de desfinanciamiento y desprotección de un sector tan grande de la fuerza laboral independiente.
