Un informe del Celag muestra que el país quedó último en el ranking latinoamericano.
Nacionales17/11/2025
La Mecha EncendidaLos trabajadores argentinos reciben los salarios más bajos de América Latina, y la caída es histórica, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.
En la Casa Rosada admiten que el gobierno de Javier Milei usó el ingreso de los trabajadores como “ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”. Y los números lo confirman.
El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de toda la región. Con apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia, Paraguay y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.
Un salario mínimo que retrocedió al 2001
La comparación internacional es el primer golpe. El segundo llega puertas adentro. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo.
El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, previo al estallido de la convertibilidad.
El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.
El avance de las llamas en territorio pampeano coincide con el desmantelamiento operativo del sistema nacional, producto de las modificaciones presupuestarias y salariales en el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y la absorción de sus funciones por parte del Ministerio de Salud, en una medida que genera fuertes críticas de organizaciones sociales y gremiales.
El sindicato La Fraternidad confirmó la cancelación definitiva de los servicios de larga distancia, denunciando un "lock-out" patronal que utiliza reparaciones de infraestructura como excusa para el recorte.
A pocos días de finalizar el año, las estadísticas oficiales revelan una crisis de seguridad vial sin precedentes, consolidando a los siniestros de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás de los homicidios.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que la pobreza en el país escaló al 67%, reflejando el impacto de las políticas de ajuste extremo y la pérdida de acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación.
Frente al avance de discursos que priorizan el mérito personal sobre el bienestar colectivo, un grupo de recolectores de residuos en el interior bonaerense transformó su aguinaldo en una cena navideña para cientos de vecinos, activando una red de donaciones espontáneas que reafirma la vigencia de los lazos comunitarios en el país.
La excarcelación del excomisario condenado por crímenes de lesa humanidad generó una fuerte reacción social, encabezada por Analía Kalinec, quien denunció que su padre carece de arrepentimiento por las torturas cometidas y advirtió sobre el peligro de su reinserción en la comunidad.
En medio de un fuerte hermetismo oficial, la entidad monetaria informó que no posee registros administrativos de la colocación de lingotes en centros financieros internacionales, lo que desató una crisis de transparencia y una intimación judicial para que se revele el destino final de los activos nacionales.
En una declaración que ha sacudido los cimientos de la diplomacia transatlántica, el vicepresidente electo J. D. Vance reafirmó la intención estratégica de la administración Trump de adquirir Groenlandia, calificando de irrelevante la oposición europea y cuestionando la lealtad de Dinamarca hacia Washington.
En un giro radical de la política de salud pública, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Estado dejará de adquirir fármacos a laboratorios que manipulen precios y autorizó la importación directa desde mercados internacionales para combatir el acaparamiento y la especulación corporativa.
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Bajo la excusa burocrática de nuevos controles, la ocupación expulsará a 37 ONG vitales para la supervivencia, en lo que representa una nueva fase del plan de exterminio contra el pueblo palestino.