La Mecha EncendidaUna medida judicial reciente ha puesto en el centro del debate la responsabilidad del Estado Nacional en el mantenimiento de las rutas troncales, especialmente en la Patagonia. Un tribunal federal ha fallado a favor de una acción de amparo presentada por el Gobierno de Río Negro, obligando a Vialidad Nacional (VN) a llevar a cabo reparaciones inmediatas y urgentes en varios sectores de la Ruta Nacional 40 que atraviesan la provincia. El reclamo, impulsado directamente por el gobernador Alberto Weretilneck, se basa en la necesidad de garantizar la seguridad vial ante el deterioro extremo de la calzada.
La presentación del gobierno provincial detalló exhaustivamente el estado de abandono y la peligrosidad de la ruta, que constituye un eje vital para la conexión turística, comercial y productiva del sur argentino. Se señalaron baches profundos, falta de señalización adecuada y el riesgo permanente de accidentes, transformando a la Ruta 40, una vía clave a nivel nacional, en una trampa para los miles de usuarios que la transitan diariamente. La acción legal buscó responsabilizar a Vialidad Nacional por la inacción crónica en el mantenimiento de estos tramos, a pesar de los reiterados pedidos formales realizados por las autoridades rionegrinas.
El fallo judicial no solo reconoce la validez de la denuncia por parte de la provincia, sino que también establece plazos perentorios y exige a Vialidad Nacional presentar un plan de trabajo detallado y un cronograma de ejecución para las obras de reparación. Esta decisión marca un antecedente importante, ya que obliga a una dependencia federal a actuar con celeridad ante el incumplimiento de sus deberes de mantenimiento de la infraestructura vial, un tema que genera fricciones constantes entre la Nación y las provincias patagónicas.
Para Río Negro, el deterioro de la Ruta 40 no es solo un problema de seguridad, sino también un freno al desarrollo económico y turístico, especialmente en la región andina, puerta de entrada a destinos clave. La Justicia interviene así para proteger el interés público y el derecho a la seguridad de los ciudadanos, mientras se espera la reacción y la respuesta formal de Vialidad Nacional para cumplir con la orden y asegurar que las obras requeridas, que han sido postergadas durante años, se inicien sin más dilación.
