La Mecha Encendida
El fallo judicial en la provincia de Buenos Aires ordenó la liquidación total de la tradicional firma láctea Lácteos Conosur S.A., controlante de La Suipachense. La medida deja a más de 140 familias sin fuente de trabajo, agravando una situación social que se suma a la reciente quiebra de la también controlada ARSA.
Una noticia de alto impacto social y económico sacudió a la localidad bonaerense de Suipacha: la Justicia decretó la quiebra de la empresa Lácteos Conosur S.A., la firma que controlaba la planta industrial La Suipachense, cerrando definitivamente sus puertas tras más de 75 años de trayectoria en la industria láctea argentina. La resolución judicial, dictada por un juzgado de Mercedes, ordena la liquidación del patrimonio, lo que se traduce en el despido de 140 trabajadores que ya venían sufriendo las consecuencias de un prolongado conflicto gremial.
La planta, que en sus mejores épocas fue un pilar de la economía regional, llevaba meses con su producción reducida o totalmente paralizada, en medio de reclamos salariales y una crisis financiera que se arrastraba. El fallo judicial llegó después de que la compañía incumpliera la intimación para presentar un plan viable de reactivación, confirmando lo que el gremio lechero ATILRA ya venía advirtiendo.
Detrás del colapso de La Suipachense se encuentra el grupo inversor venezolano Maralac, que controlaba la empresa. Este mismo grupo también administraba otra gigante del sector, Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) —antigua proveedora de marcas de SanCor—, que corrió la misma suerte la semana pasada, dejando en la calle a otros 400 empleados. En apenas una semana, el grupo se retira del negocio lácteo argentino dejando un saldo de más de 500 trabajadores sin empleo directo y una cuantiosa deuda.
Las cifras detrás de la quiebra de La Suipachense son impactantes: la firma acumuló una deuda millonaria en concepto de cheques rechazados, además de adeudar más de mil millones de pesos al gremio lechero y a su obra social, según los reclamos sindicales.
El juez no solo declaró la quiebra y la liquidación, sino que también dispuso la inhabilitación del presidente de la empresa y solicitó restricciones migratorias que le impiden salir del país sin autorización. Con la planta ya ocupada por sus trabajadores en reclamo, la resolución finaliza un largo conflicto gremial y deja a la localidad de Suipacha, históricamente ligada a la producción láctea, ante un escenario social incierto y sin respuestas claras para las familias que dependen de la fábrica.
