La Mecha EncendidaUna denuncia presentada esta semana acusa a exportadoras y a funcionarios de aprovechar un régimen vigente apenas tres días para declarar ventas por cerca de USD 1.500 millones, mientras pequeños y medianos productores quedaron afuera. La justicia deberá determinar si hubo delito y quiénes fueron los beneficiados.
La denuncia penal presentada en torno al esquema de “retenciones cero” abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial. Lo que en su momento se anunció como una medida destinada a beneficiar a los productores terminó bajo sospecha de haber favorecido principalmente a un puñado de grandes exportadoras. En pocas horas, estas empresas habrían registrado declaraciones juradas de ventas al exterior por unos 1.500 millones de dólares, aprovechando un régimen que estuvo vigente apenas tres días y que quedó cerrado una vez alcanzado el cupo fijado por el gobierno.
Un productor agropecuario fue el primero en hacer público el malestar. Desde su campo grabó un video en el que acusó directamente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a los principales exportadores del país de montar una maniobra para quedarse con el beneficio fiscal. La denuncia ingresó esta semana en sede judicial y apunta a determinar si existió un perjuicio contra el Estado y contra los pequeños y medianos productores que no llegaron a inscribirse en el sistema.
La polémica creció cuando se supo que muchos de los permisos de exportación se aprobaron antes de que existiera la mercadería disponible, incluso en rubros donde la siembra todavía no había comenzado. Para el exdirector del Banco Central, Arnaldo Bocco, lo que se montó fue “una estafa total a los chacareros”, ya que un reducido grupo de compañías se quedó con casi la totalidad del beneficio mientras el resto del sector quedó afuera. En el mismo sentido, distintos dirigentes rurales y organizaciones advirtieron que la medida se presentó como un alivio para la producción, pero en la práctica solo consolidó las ventajas de los grandes jugadores.
Desde el oficialismo, el titular de la Agencia de Recaudación, Juan Pazo, defendió el procedimiento. Aseguró que la finalización del régimen fue parte de lo estipulado por el decreto y que no hubo trato preferencial hacia ningún actor del mercado. Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron para frenar los pedidos de interpelación en el Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón reclamó que Pazo dé cuentas sobre el modo en que se distribuyó el beneficio y por qué los productores medianos y pequeños quedaron excluidos.
La investigación judicial deberá determinar si hubo delito, qué empresas se beneficiaron y cuál fue la responsabilidad de los funcionarios. Mientras tanto, la denuncia reavivó la desconfianza entre el gobierno y un sector agropecuario que había recibido con expectativas la promesa de las retenciones cero, pero que ahora siente que el alivio fue apenas una puerta giratoria donde entraron los de siempre.
