El texto, firmado por legisladores advierte que cualquier endeudamiento que se asuma sin la aprobación parlamentaria será considerado inconstitucional e ilegítimo a nivel internacional
Nacionales24/09/2025
La Mecha EncendidaUn grupo de senadores nacionales presentó un Proyecto de Comunicación en el que rechaza de manera enfática las negociaciones que el Poder Ejecutivo lleva adelante con el Tesoro de los Estados Unidos, tendientes a contraer nueva deuda o a comprometer al país con acuerdos que impliquen condicionamientos sin la intervención del Congreso.
El texto, firmado por legisladores como Martín Doñate, Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Guillermo Andrada, Julio Neder, María Florencia López y Fernando Pejal, advierte que cualquier endeudamiento que se asuma sin la aprobación parlamentaria será considerado inconstitucional e ilegítimo a nivel internacional, por exceder las competencias del Poder Ejecutivo.
En el documento, los senadores exhortan al gobierno a remitir previamente al Congreso cualquier proyecto que implique deuda externa, en cumplimiento de los artículos 4 y 75 incisos 4, 7 y 22 de la Constitución Nacional. La iniciativa refuerza la obligación de que las decisiones sobre endeudamiento pasen por el debate legislativo, como establece la norma suprema.
El pronunciamiento llega luego de que el presidente Javier Milei se reuniera con Donald Trump en Nueva York para avanzar en un posible préstamo del Tesoro estadounidense. Desde la oposición señalan que, de concretarse, el acuerdo podría hipotecar nuevamente la soberanía financiera del país, al igual que ocurrió con el crédito récord tomado con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los legisladores remarcan que cualquier intento de endeudamiento “a espaldas del Congreso” no solo constituye una violación a la Constitución, sino que también carecerá de validez jurídica y política. En otras palabras, se trata de un aviso político y legal: si el gobierno insiste en cerrar acuerdos sin el aval parlamentario, esos compromisos podrán ser desconocidos en el futuro.
El debate sobre el endeudamiento vuelve así al centro de la escena. Mientras Milei busca dólares en el exterior para sostener su plan económico, un sector del Senado alerta que el costo de esa estrategia recaerá una vez más sobre los trabajadores y trabajadoras.
La excarcelación del excomisario condenado por crímenes de lesa humanidad generó una fuerte reacción social, encabezada por Analía Kalinec, quien denunció que su padre carece de arrepentimiento por las torturas cometidas y advirtió sobre el peligro de su reinserción en la comunidad.
En medio de un fuerte hermetismo oficial, la entidad monetaria informó que no posee registros administrativos de la colocación de lingotes en centros financieros internacionales, lo que desató una crisis de transparencia y una intimación judicial para que se revele el destino final de los activos nacionales.
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A través de la Resolución 957/25 de la ANAC, el Gobierno eliminó la obligatoriedad de informar los trayectos de cabotaje para vuelos particulares, una medida que genera fuertes cruces entre la promesa de libertad operativa y las advertencias sobre la seguridad y el control del espacio aéreo.
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La ex presidenta de la Nación fue intervenida quirúrgicamente este lunes tras presentar un cuadro agudo de inflamación abdominal, y según el primer parte médico oficial emitido por el sanatorio, el procedimiento resultó exitoso y la paciente se encuentra estable bajo observación.
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La Central Obrera Boliviana encabezó una multitudinaria marcha en rechazo a las medidas impuestas por el Ejecutivo que eliminan los subsidios a los combustibles y abren la puerta a la privatización de recursos estratégicos, profundizando el conflicto entre los sindicatos y el modelo neoliberal.
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Los registrados -públicos más privados formales- subieron 2 por ciento, contra un IPC que en ese período fue del 2,3 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La decisión fue adoptada tras un amparo del Consejo Universitario Nacional. El juez actuante señaló que la suspensión de la ley por decreto presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.