La medida favorece a un sector ya rentable mientras crece el desempleo y se profundiza la crisis de pymes, jubilados y personas con discapacidad
Nacionales08/08/2025 Redacción LME
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, eliminó las retenciones a las exportaciones de productos mineros mediante el Decreto 563/2025, publicado el 7 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial. Esta decisión, que reduce a 0% la alícuota de derechos de exportación para minería metalífera, no metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas, beneficia a un sector que ya goza de alta rentabilidad, mientras Argentina atraviesa una crisis social y económica que golpea duramente a trabajadores, pymes, jubilados y personas con discapacidad. En un contexto donde se proyecta un récord de exportaciones mineras para 2025, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la medida agrava las desigualdades al priorizar los intereses de grandes empresas por encima de las necesidades de los sectores más vulnerables.
La eliminación de retenciones, que antes oscilaban entre el 4,5% y el 8% para la mayoría de los productos mineros, se presenta como un incentivo para atraer inversiones y generar empleo, especialmente en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde la minería representa el 80% de las exportaciones. El Gobierno sostiene que el sector, que aporta solo el 1,2% del PBI frente al 10% en otros países de la región, tiene un gran potencial de crecimiento, especialmente en minerales clave para la transición energética, como el cobre. Sin embargo, esta política llega en un momento crítico: según un informe de Misión Productiva, Argentina registró en 2024 la mayor caída industrial del mundo, con un retroceso del 9,4% en la producción. Además, datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indican que 13.000 pymes cerraron en el último año, dejando a miles de trabajadores sin empleo, mientras el desempleo crece y la informalidad se dispara.
El impacto social de esta medida es especialmente preocupante. Los jubilados enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo, con haberes que no logran cubrir necesidades básicas en un contexto de inflación que, aunque reducida al 2,4% mensual en febrero de 2025 según el Banco Mundial, sigue erosionando los ingresos. Las personas con discapacidad, que dependen de programas sociales y pensiones no contributivas, también ven recortados sus apoyos en medio de ajustes fiscales. Mientras tanto, el sector minero, dominado por grandes empresas transnacionales, se beneficia de una exención impositiva que aumenta sus ganancias sin garantizar un impacto positivo directo en las comunidades locales. Críticas de economistas, como las expresadas en Página/12 en 2016 sobre una medida similar, señalan que reducir tributos no necesariamente se traduce en más empleos, sino en mayores beneficios para empresas que ya operan con márgenes elevados.
El contexto económico y social de Argentina en 2025 refleja un deterioro profundo. La recesión, iniciada a fines de 2023 por una sequía severa y desequilibrios macroeconómicos, ha golpeado a sectores clave como la industria y el comercio. Gigantes industriales como Acindar, Longvie y Toyota han suspendido personal o reducido producción, según Página/12, mientras el consumo se desploma. En este escenario, la eliminación de retenciones mineras aparece como una medida que prioriza a un sector privilegiado, desoyendo las demandas de pymes, trabajadores y sectores vulnerables. La falta de coparticipación de estos ingresos fiscales, que podrían destinarse a fortalecer el sistema previsional o programas sociales, profundiza la percepción de injusticia.
La excarcelación del excomisario condenado por crímenes de lesa humanidad generó una fuerte reacción social, encabezada por Analía Kalinec, quien denunció que su padre carece de arrepentimiento por las torturas cometidas y advirtió sobre el peligro de su reinserción en la comunidad.
En medio de un fuerte hermetismo oficial, la entidad monetaria informó que no posee registros administrativos de la colocación de lingotes en centros financieros internacionales, lo que desató una crisis de transparencia y una intimación judicial para que se revele el destino final de los activos nacionales.
La decisión fue adoptada tras un amparo del Consejo Universitario Nacional. El juez actuante señaló que la suspensión de la ley por decreto presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
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A través de la Resolución 957/25 de la ANAC, el Gobierno eliminó la obligatoriedad de informar los trayectos de cabotaje para vuelos particulares, una medida que genera fuertes cruces entre la promesa de libertad operativa y las advertencias sobre la seguridad y el control del espacio aéreo.
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Se identifica al gobierno de Milei como el enemigo principal, pero la práctica militante y dirigente sigue secuestrada por la carrera por los cargos y las listas, repitiendo las viejas recetas funcionales al sistema que se dice combatir.
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