El genocida Eduardo Kalinec fue liberado y su propia familia repudia la decisión

La justicia argentina ha dictado una resolución que reabre heridas profundas en la memoria histórica del país al otorgar la libertad a Eduardo Kalinec, excomisario de la Policía Federal condenado por secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura militar. Kalinec, conocido por los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo" por su alias "Doctor K", cumplía una condena a prisión perpetua. Sin embargo, el beneficio judicial que le permite recuperar la libertad ha desatado un repudio inmediato, no solo de organismos de derechos humanos, sino de una voz que surge desde sus propias entrañas: la de su hija, Analía Kalinec, referente de la agrupación Historias Desobedientes.

Las declaraciones de Analía han sido contundentes y despojan de cualquier barniz de duda la peligrosidad de la figura de su progenitor. Según relató en diversas entrevistas tras conocerse la noticia, su padre fue el brazo ejecutor directo de los horrores del terrorismo de Estado y, lejos de mostrar un ápice de humanidad o remordimiento con el paso de las décadas, ha mantenido una postura de reivindicación del horror. "Mi papá me dijo personalmente que no se arrepentía de nada", sentenció su hija, quien sostiene que una persona que sostiene tales convicciones no tiene posibilidad alguna de reinsertarse en una sociedad democrática. Para Analía, la liberación no es un acto de justicia, sino una afrenta a las víctimas y una señal de retroceso institucional.

El testimonio de la hija de Kalinec es revelador porque rompe con el mandato de lealtad familiar para priorizar el imperativo ético de la verdad y la justicia. Ella describe a un hombre que, incluso en la intimidad, se niega a brindar información sobre el destino de los desaparecidos o la identidad de los niños apropiados, manteniendo el pacto de silencio que los genocidas han sostenido desde el retorno de la democracia. El repudio familiar se suma a la advertencia técnica de que estos crímenes, al ser de lesa humanidad, requieren un tratamiento judicial diferenciado donde la peligrosidad residual de quien ha ejercido el poder de vida y muerte sobre sus semejantes debe ser un factor determinante antes de conceder cualquier tipo de beneficio ambulatorio.

Esta decisión judicial se produce en un contexto político donde el discurso negacionista y el desfinanciamiento de las políticas de memoria parecen ganar terreno en las estructuras del Estado. La liberación de un criminal de la talla de Kalinec es leída por los sobrevivientes y sus familiares como un mensaje de debilidad institucional que fomenta la impunidad. El grito de su propia hija, tildando de "vergüenza" el fallo judicial, coloca el debate en una dimensión humana ineludible: si quienes mejor conocen la naturaleza de estos represores advierten sobre su falta de arrepentimiento, el Estado no puede ignorar el riesgo que implica su regreso a las calles. La lucha por la memoria queda, una vez más, sostenida por la valentía de quienes deciden no callar, incluso cuando la verdad implica enfrentarse al propio apellido.