Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
Internacionales17/12/2025
La Mecha EncendidaMiles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
Las calles de Brasil se convirtieron este domingo en el escenario de masivas movilizaciones que reflejaron una profunda tensión social y política frente a las maniobras legislativas que buscan suavizar las condenas por los ataques a la democracia. En ciudades como Brasilia, Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre y Curitiba, miles de manifestantes se congregaron para repudiar el denominado Proyecto de Ley de la Dosimetría. Esta iniciativa, impulsada por una mayoría conservadora en el Congreso, pretende reducir significativamente el tiempo de prisión para los condenados por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, una medida que beneficiaría directamente al expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente enfrenta una sentencia de 27 años de cárcel.
En Río de Janeiro, la emblemática playa de Copacabana fue el epicentro de una de las concentraciones más potentes, donde cerca de 19.000 personas se reunieron bajo consignas claras como "Sin amnistía" y "Congreso, enemigo del pueblo". La jornada en la capital carioca tuvo un tinte histórico gracias a la participación de figuras fundamentales de la Música Popular Brasileña, entre ellos Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque. Desde el escenario, Gilberto Gil dirigió un emotivo mensaje a la multitud, subrayando la necesidad de que el pueblo se manifieste con intensidad para garantizar que quienes deben perfeccionar las leyes comprendan que la ciudadanía estará presente para defender la institucionalidad cada vez que sea necesario.
Por su parte, en San Pablo, la avenida Paulista fue ocupada por más de 14.000 manifestantes que insistieron en que el lugar de los golpistas es la cárcel. La concejala Keit Lima resaltó que estar en la calle es la única forma de asegurar que la democracia no sea negociada en los despachos del poder legislativo. La movilización también contó con la presencia de la actriz Fernanda Torres, protagonista del premiado filme sobre la dictadura brasileña, quien recordó que la lucha actual no es solo por el presente, sino para despertar a un Congreso que parece trabajar para sus propios intereses en lugar de proteger los derechos de las mujeres, los bosques y el sistema democrático que tanto costó recuperar.
El clima de agitación responde a la reciente aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, el cual ahora se encamina hacia el Senado. Los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda que convocaron a la marcha advierten que esta ley constituye una amnistía encubierta que busca desmantelar las responsabilidades penales de quienes organizaron y financiaron el asalto a las sedes de los tres poderes. Mientras el oficialismo y sus aliados intentan contener el avance de esta normativa en el Parlamento, la presión popular en los centros urbanos más importantes del país parece indicar que cualquier intento de flexibilizar las penas contra los responsables del 8 de enero enfrentará una resistencia masiva y constante en el espacio público.
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La líder opositora venezolana generó un fuerte impacto tras su intervención en el foro internacional, donde solicitó acciones externas más contundentes y denunció la presencia de células de Hezbollah y Hamás en territorio nacional, desatando críticas por su alineación con los intereses de Washington y el uso de narrativas de seguridad global.
La orden directa del presidente Donald Trump para incautar un "superpetrolero" venezolano frente a sus costas dispara la confrontación bilateral. La acción se enmarca en una ofensiva militar regional que, según reportes, ha dejado un trágico saldo de más de ochenta víctimas mortales en el Mar Caribe, generando un sorprendente silencio diplomático.
La exministra de Gobierno, María Nela Prada, confirmó la aprehensión del exmandatario boliviano, Luis Arce, en La Paz. La detención se produce pocas semanas después de concluir su mandato y en medio de una ola de investigaciones anunciadas por el nuevo gobierno contra la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El excanciller brasileño alertó que un ataque estadounidense a Caracas podría despertar el sentimiento antiimperialista en la región.
La Presidencia de la República anunció un pacto tripartita con el sector empresarial y el movimiento obrero para elevar el salario mínimo a partir de 2026 y ejecutar la primera reducción de la jornada laboral en más de un siglo, con una implementación paulatina que culminará en 2030.
El Gobierno chileno reforzó su vigilancia sanitaria en las fronteras debido al aumento de casos de sarampión en Argentina, un brote que el Ministerio de Salud nacional atribuye a la histórica caída de las coberturas de vacunación, llamando a la población a completar esquemas y a combatir la desinformación.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado un plan para reformar el sistema de defensa nacional.
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Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
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El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.