La Mecha EncendidaEl Gobierno nacional ha puesto en marcha un ambicioso y polémico plan de enajenación de activos públicos, popularmente descrito como el remate de las "joyas de la abuela", con el objetivo de recaudar divisas y sostener las reservas del Banco Central. La iniciativa, ejecutada mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), contempla la venta de más de 180 lotes e inmuebles distribuidos en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Corrientes. Este paquete incluye tierras que originalmente estaban destinadas al disuelto Plan Procrear, predios de las Fuerzas Armadas, terrenos ferroviarios e incluso zonas con un alto valor simbólico y ambiental, como porciones de montaña en Mendoza y espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.
Hasta el momento, la administración libertaria ya ha concretado la venta de cerca de 40 bienes, concentrando el grueso de las operaciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde grandes grupos desarrolladores inmobiliarios han sido los principales beneficiarios. Terrenos de gran extensión en zonas exclusivas como Bajo Belgrano o las cercanías del Campo Argentino de Polo han pasado a manos privadas por sumas que superan los 120 millones de dólares, con el fin de erigir emprendimientos de lujo. Sin embargo, el listado de "subastas futuras" es aún más extenso e impactante, incluyendo predios de hasta 300 hectáreas en el interior del país destinados a negocios agropecuarios o proyectos hoteleros, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones sociales y ambientales que denuncian una descapitalización agresiva del Estado sin el debido debate en el Congreso Nacional.
La controversia no solo radica en la pérdida de activos estratégicos, sino también en el destino de los predios afectados. Entre los inmuebles publicados para subasta se encuentran terrenos que albergan espacios de memoria, como La Huerta en Tandil o predios en Campo de Mayo y Corrientes. Aunque el Gobierno asegura que la venta solo involucra los entornos y no los edificios históricos, organismos de derechos humanos advierten sobre la degradación de estos sitios. Asimismo, la venta de tierras del Instituto Nacional del Agua en Ezeiza, donde se realizan ensayos hidráulicos clave para obras de infraestructura nacional, o la oferta de 140 hectáreas en Chapadmalal destinadas originalmente a proyectos agroecológicos, evidencian un cambio de paradigma donde la rentabilidad inmediata de mercado prima sobre la planificación territorial y social a largo plazo.
Especialistas en derecho urbano y urbanismo coinciden en señalar que este proceso se realiza mediante decretos que eluden la intervención legislativa, privando a la sociedad de discutir usos alternativos para estos suelos, como la creación de escuelas, hospitales o espacios verdes necesarios para mitigar la crisis climática. Al desprenderse de estos terrenos, el Estado pierde su capacidad de intervenir en el mercado de suelo y de garantizar el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Lo que el Ministerio de Economía presenta como una medida de eficiencia fiscal es interpretado por sectores críticos como un "extractivismo urbano" y un vaciamiento que deja a las futuras generaciones sin herramientas fundamentales para el desarrollo soberano y la gestión del hábitat público.
