El Avance de Mekorot en 12 Provincias Argentinas Bajo la Lupa Social

El desembarco de Mekorot, la empresa nacional de agua de Israel, en el territorio argentino ha dejado de ser una serie de convenios aislados para convertirse en una política de Estado que atraviesa gestiones políticas de distinto signo. Actualmente, ya son 12 las provincias que han rubricado acuerdos con la compañía para el diseño de planes maestros de manejo del agua, un proceso que se ha consolidado principalmente a través del Consejo Federal de Inversiones. Entre los distritos involucrados se encuentran Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y Jujuy. Sin embargo, la celeridad y la modalidad de estas contrataciones han generado una creciente preocupación en asambleas ambientales y organizaciones sociales, quienes denuncian que estos vínculos se establecieron mediante contratación directa, eludiendo los procesos de licitación pública y de consulta libre, previa e informada que exigen normativas internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Uno de los puntos más críticos señalados por los detractores de estos convenios es la opacidad en los términos contractuales y la potencial pérdida de soberanía sobre un recurso vital. En provincias como Río Negro, el contrato firmado ha sido objeto de denuncias penales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al advertirse que se cedió propiedad intelectual sobre información hídrica estratégica y se aceptó que cualquier diferendo legal sea dirimido en tribunales de Inglaterra bajo leyes británicas. Esta "extranjerización" de la justicia para recursos locales es vista como un retroceso institucional grave que deja al Estado en una posición de vulnerabilidad frente a una consultora externa. Además, el modelo que propone la empresa, centrado en la eficiencia técnica y el valor económico del agua, es cuestionado por priorizar supuestamente las necesidades de sectores extractivos como la megaminería y el agronegocio por encima del derecho humano al acceso al agua potable de las comunidades locales.

A pesar del cambio de signo político en el Gobierno Nacional, la relación con Mekorot no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado bajo la administración actual, que ve en la experiencia israelí un modelo a seguir para la modernización del sector. Mientras la compañía defiende su rol como asesora técnica para mitigar los efectos del cambio climático y optimizar el riego, el conflicto social escala en los territorios donde la escasez de agua ya es una realidad cotidiana. La falta de mecanismos de monitoreo independientes y el carácter secreto de algunas cláusulas alimentan el temor de que estos "planes maestros" sean el preámbulo para una mercantilización del recurso, donde la lógica del mercado reemplace a la gestión pública solidaria. La tensión entre el desarrollo técnico prometido y la protección de los bienes comunes sigue marcando el pulso de una disputa que promete trasladarse de las oficinas gubernamentales a las calles y los tribunales.