A través de la Resolución 957/25 de la ANAC, el Gobierno eliminó la obligatoriedad de informar los trayectos de cabotaje para vuelos particulares, una medida que genera fuertes cruces entre la promesa de libertad operativa y las advertencias sobre la seguridad y el control del espacio aéreo.
Nacionales23/12/2025
La Mecha EncendidaEl proceso de desregulación que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, sumó un nuevo capítulo de alto impacto para el sector aeronáutico nacional. La Resolución 957/25, emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), introduce enmiendas a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) con el objetivo de simplificar los trámites para los pilotos privados. 4El cambio más significativo es la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo para trayectos dentro del territorio nacional. Según la visión oficial, esta medida busca equiparar la aviación general con el uso de un automóvil particular, bajo la premisa de que el Estado no debe exigir una hoja de ruta a un ciudadano que decide desplazarse por el país.
Desde el Gobierno, se defiende la iniciativa como una forma de reducir la carga burocrática y los tiempos de espera que afectaban a los usuarios de aviones privados, argumentando que en países de Europa y en los Estados Unidos se opera bajo esquemas similares de libertad de movimiento. El argumento central del oficialismo es que el Estado no tiene por qué preguntar el destino de cada ciudadano que pone en marcha su aeronave, eliminando lo que consideran un control innecesario sobre la actividad privada.
Para Sturzenegger y las autoridades de la ANAC, esta flexibilización no es "reinventar la rueda", sino adoptar estándares internacionales que favorecen el dinamismo del sector y eliminan obstáculos que han entorpecido la aviación civil durante décadas.
Sin embargo, la medida ha despertado una profunda preocupación en diversos sectores técnicos y gremiales vinculados a la seguridad aérea. Los detractores de la resolución sostienen que los planes de vuelo no son un mero trámite administrativo, sino una herramienta de seguridad fundamental que permite al Estado conocer la posición y el destino de las aeronaves para coordinar el tráfico y facilitar las tareas de búsqueda y salvamento en caso de accidentes.
Advierten que comparar un avión con un auto es un error conceptual peligroso, ya que el espacio aéreo requiere una regulación estricta para evitar colisiones y garantizar que el mercado no descuide la seguridad operativa en pos de la reducción de costos o la conveniencia temporal.
La implementación de este nuevo esquema abre interrogantes sobre la capacidad de control del Estado sobre los vuelos de cabotaje y el impacto que podría tener en la prevención de actividades ilícitas. Mientras el oficialismo celebra la medida como un avance hacia la libertad individual y la eficiencia, especialistas en navegación aérea insisten en que las normas regulatorias existen para proteger la vida de los tripulantes y de terceros.
El debate queda así planteado entre un modelo que apuesta por la autorregulación y la eliminación de la supervisión estatal previa, y una visión que considera que la seguridad aérea es un bien público que el mercado, por su propia naturaleza, no está en condiciones de garantizar sin una fiscalización activa y obligatoria.
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