Se disolvió el fondo fiduciario que lo sostenía, se transfirieron bienes inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a provincias, municipios o al propio mercado, y se habilitó la intervención del Banco Hipotecario como único fiduciario.
El Estado se retira, los privados entran en escena.
El argumento oficial habla de “ineficiencias” y “problemas de habitabilidad”. Pero lo que hay detrás es un gigantesco negocio: el programa recaudaba cerca de 20 mil millones de pesos mensuales en concepto de cuotas, y ese flujo financiero ahora será administrado por el sector privado, con el grupo IRSA como actor destacado. IRSA es, justamente, el grupo que alojó a Milei en una de sus propiedades durante la campaña presidencial. La vivienda se convierte otra vez en mercancía.
El exsecretario del programa, Luciano Scatolini, señaló que este vaciamiento no es sólo una cuestión administrativa, sino una decisión política de fondo: eliminar la política pública de vivienda, volver a un esquema de especulación inmobiliaria y dejar sin respuesta a miles de personas que esperaban su casa o un crédito accesible. Un golpe directo a la clase media y trabajadora que apostó por una alternativa para construir su hogar.
Los proyectos en curso, unos 85 con más de 18.000 unidades en distintas etapas de ejecución, quedan ahora a merced de los gobiernos locales. El gobierno nacional se desentiende. Los créditos vigentes siguen su curso, pero ya no bajo gestión pública. Y los terrenos recuperados o con potencial habitacional serán vendidos o entregados a los mismos actores del mercado que provocaron la crisis habitacional que el Procrear intentó revertir.
Procrear nunca fue una política partidaria. Fue una política de Estado. El acceso era por sorteo. No se preguntaba la ideología de nadie, ni su filiación política, ni su voto. Se preguntaba si necesitaba una casa.
Donde hubo un derecho, hoy hay un negocio.
