El gobierno de Javier Milei continúa con su plan de reformas laborales, y una de las propuestas más controvertidas es la sustitución del sistema tradicional de indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral por convenio. La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha abierto una consulta pública sobre esta medida, que permitiría a las empresas realizar aportes mensuales a un fondo individual para cada trabajador, quien podría retirar los fondos al finalizar su relación laboral.
El Modelo de la Construcción: ¿Un Presagio de Menor Protección?
El Gobierno ha citado como antecedente el sistema vigente en la industria de la construcción, establecido por la Ley 22.250. En este régimen, los empleadores realizan aportes mensuales a un fondo, y al finalizar el contrato, el trabajador retira lo acumulado. Sin embargo, este modelo elimina la indemnización por antigüedad prevista en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en caso de despido sin justa causa, lo que históricamente ha representado una protección fundamental para los trabajadores.
La implementación generalizada de un fondo de cese laboral, siguiendo el modelo de la construcción, podría significar un retroceso significativo en los derechos laborales, especialmente para aquellos trabajadores con mayor antigüedad en sus empleos. Bajo la LCT, un empleado despedido sin justa causa tiene derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. Este reconocimiento de la antigüedad se perdería con un sistema de fondo de cese puro, donde el monto a percibir dependería únicamente de los aportes realizados y los eventuales intereses generados.
Mientras que un fondo de cese podría ofrecer una compensación básica incluso en casos de renuncia o despido con causa (situaciones donde la LCT no prevé indemnización por antigüedad), los trabajadores con años de dedicación a una misma empresa serían los principales perjudicados. La indemnización por antigüedad, que busca compensar la pérdida de estabilidad y la inversión de tiempo en un empleo, desaparecería, siendo reemplazada por un monto que podría ser considerablemente menor.
Otro punto de preocupación radica en el posible debilitamiento del efecto disuasorio del despido injustificado. La obligación de pagar una indemnización por antigüedad representa un costo significativo para el empleador, lo que históricamente ha actuado como un freno a despidos arbitrarios. Con un fondo de cese de aportes mensuales predecibles, este costo se diluye, pudiendo incentivar despidos más frecuentes y una mayor rotación laboral en detrimento de la estabilidad de los trabajadores.
Sindicatos y especialistas en derecho laboral han manifestado su profunda preocupación por esta propuesta, advirtiendo sobre la potencial pérdida de derechos adquiridos y la precarización del empleo. La falta de detalles concretos sobre la administración de los fondos, las tasas de aporte y las condiciones de acceso genera aún mayor incertidumbre entre los trabajadores.
La consulta pública en curso se presenta como un espacio de debate crucial, donde se espera que las voces de los trabajadores y sus representantes sean escuchadas para evitar que una reforma pensada como modernización termine erosionando la protección laboral en Argentina.
