
El Senado rechazó los vetos de Milei y marcó un límite al Ejecutivo
La votación no dejó dudas: con amplias mayorías, la Cámara alta reinstaló las leyes que el Congreso ya había sancionado, obligando al Ejecutivo a cumplirlas.
Habiéndose efectivizado los aumentos previstos para el primer trimestre del año, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) espera por la reapertura de las negociaciones paritarias con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
Nacionales13/05/2025 REDACCIÓN LMETras el aumento de 3,7% de la inflación de marzo, habrá que ver cuál es la propuesta empresarial, especialmente teniendo en cuenta el techo paritario de de menos del 2% fijado por el Gobierno nacional, que acaba de intervenir para recortar la paritaria de Comercio.
En diciembre el gremio encabezado por Gerardo Martínez acordó aumentos de 1,8% para enero, de 1,5% para febrero y de 1% para marzo. Además, se sumó el pago de dos sumas fijas no remunerativas de $20.000 (en la segunda quincena de febrero y la de marzo). La negociación para el segundo trimestre aparece como más complicada, considerando el rebrote inflacionario de los últimos meses y la apuesta oficial por ponerle tope a los acuerdos paritarios.
Pese a la explícita vocación dialoguista de Martínez en relación con la administración de Javier Milei, de quien fue uno de los principales interlocutores sindicales, su gremio es uno de los más castigados por las decisiones del oficialismo. En primer lugar, el recorte de la obra pública generó más de 150 mil despidos a nivel nacional. Además, en los últimos meses se confirmó que la construcción es el rubro con mayor porcentaje de empleo no registrado, con el 36,5% de los trabajadores asalariados del sector en la informalidad.
Hoy el Gobierno, además, como parte de su ofensiva para llevar más a fondo una reforma laboral regresiva, busca generalizar a otros convenios el sistema de Fondo de Cese actualmente vigente en la Uocra, reemplazando las indemnizaciones por un fondo acumulativo por antigüedad, con sistema “mochila”, que es financiado por los propios trabajadores.
La votación no dejó dudas: con amplias mayorías, la Cámara alta reinstaló las leyes que el Congreso ya había sancionado, obligando al Ejecutivo a cumplirlas.
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