El Gobierno de Javier Milei inició un proceso de auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. La medida, establecida mediante la Resolución N° 187/2025 del Poder Ejecutivo, busca garantizar que los beneficios se ajusten a los criterios legales vigentes y corregir las graves anomalías detectadas en el sistema.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que se trata de un proceso progresivo que abarcará a más de un millón de casos y que busca garantizar que esos beneficios cumplan con los criterios legales establecidos. En auditorías previas se detectó “un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través del cual se desviaban USD 3.400 millones anuales.
Las auditorías presenciales estarán a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo del abogado Diego Spagnuolo y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que comanda el médico pediatra Esteban Leguízamo. En total son 1.013.400 de esas pensiones especiales. El objetivo, explicó Adorni, es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten.
La auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo que permitirá realizar una evaluación minuciosa y asegurar “la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”. Estará organizada en diferentes etapas, cada una diseñada para garantizar la integridad del proceso y se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, es decir, las otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La primera etapa consistirá en el envió de cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida. En un segundo momento, los profesionales de esa institución, -que cuenta con una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores- harán las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión.
En la tercera etapa se realizará el procesamiento de la información: los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada beneficiario. Por último se emitirán los dictámenes y resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.
Según se explicó, se espera que, durante los primeros días de febrero, los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar, que “cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan”.
