Más allá de la singular alusión a las coimas de la ANDIS en la fecha de la convocatoria, el eje del reclamo es claro: que se aplique de forma inmediata la totalidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en las dos cámaras, vetada por Milei y defendida del veto en el Congreso.
Los porcentajes acumulativos van del 29 al 35% según los sectores pero por las demoras se recibirán recién entre marzo y abril. “Continuamos en estado de alerta”, avisó el Foro Permanente Discapacidad.
Familias, trabajadores y prestadores del ámbito de la discapacidad realizaron este jueves una protesta frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano.
Movilizaciones, amparos colectivos y visibilización en la calle son las medidas que preparan tras la suspensión de la norma nacional
En una entrevista Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, celebró el fallo judicial de Campana y pidió acompañamiento para la sesión especial en Diputados este miércoles.
La movilización será este jueves a las 18:30 en la explanada de El Molino Fábrica Cultural, para luego marchar hacia el Puente Colgante.
La situación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios se encuentra al límite.
El vocero Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI estarán a cargo del procedimiento, que será presencial. Los datos preliminares de estudios anteriores revelaron graves irregularidades en el otorgamiento del beneficio.
Sergio Massa oficializó la implementación de una política para fomentar el empleo para las personas con discapacidad y beneficiaras de planes sociales.
La Universidad Nacional de Hurlingham incorporó un equipamiento inédito que posiciona a la educación pública argentina a la vanguardia tecnológica.
El reciente descarrilamiento de una formación ferroviaria en el área metropolitana pone de relieve las consecuencias de la paralización de las obras públicas y el cese de la inversión estatal, dejando a la ciudad expuesta a accidentes que podrían evitarse con la culminación de la infraestructura proyectada.
Los registrados -públicos más privados formales- subieron 2 por ciento, contra un IPC que en ese período fue del 2,3 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La decisión fue adoptada tras un amparo del Consejo Universitario Nacional. El juez actuante señaló que la suspensión de la ley por decreto presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Entre la supervivencia callejera de una Santa Fe que se asemeja a Calcuta y el refugio en tradiciones de ocasión, el autor reflexiona sobre el vacío de propuestas de los sectores populares frente a un presente de castigo y la necesidad imperiosa de ofrecer un proyecto que contenga a los privilegiados y a los olvidados.