El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral, asegurando que es el inicio de un golpe de Estado y convocando a una «movilización generalizada»
. El primer mandatario utilizó sus redes sociales para dar su primera respuesta a la determinación del tribunal de formularle cargos a él y a su campaña por una presunta violación de topes.
Desde su cuenta de X, el jefe de estado dijo que todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente y llamó a movilizaciones. «La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo», escribió.
Petro agregó a través de su canal de WhatApp que el CNE «nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al presidente de la República» y dijo que la decisión violó el fuero integral presidencial, rompe el Estado de derecho y el respeto al voto popular y a la democracia.
Posteriormente, en el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por las violaciones a los derechos humanos en 1996 en La Esperanza, vereda de Carmen de Viboral, Antioquia, dijo que Colombia se acerca a un periodo de decisiones.
«O vamos a ser un pueblo llevado al matadero o vamos a construir nuestra nación con dignidad. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse», dijo Gustavo Petro.
En una decisión tomada durante la sesión del 8 de octubre de 2024, la Sala Plena del CNE anunció la apertura de una investigación y la formulación de cargos contra la campaña presidencial del Pacto Histórico, correspondiente tanto a la primera como a la segunda vuelta.
La campaña está representada por el presidente Gustavo Petro, su gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán, la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.
La investigación surge por la presunta violación al régimen de financiación de campañas electorales, especialmente en relación con el límite de gastos. El CNE señaló que en la campaña de la primera vuelta se habría superado este límite en $3.709 millones, omitiendo además el reporte de ingresos por parte de varias entidades, como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).
Además, se mencionó que no se registraron pagos importantes, incluyendo aquellos a testigos electorales y gastos en propaganda electoral.
En la segunda vuelta, el exceso de gastos alcanzaría los $1.646 millones, donde nuevamente se omitieron reportes importantes, entre ellos el pago de eventos y los ingresos por transporte aéreo.
Adicionalmente, se investiga la presunta financiación prohibida con aportes de entidades como Fecode, Ingenial Media S.A.S. y la USO. Esta situación también afecta al movimiento político Colombia Humana y al partido Unión Patriótica (UP), señalados por su rol en la auditoría de la campaña.
Las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez salvaron su voto en esta decisión. La investigación continuará su curso en los próximos días.
