Santa Fe incorpora más pistolas Taser

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia anunció la distribución de 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna a la Policía provincial, adquiridas en marzo pasado mediante una licitación impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Con un plan de capacitación a cargo de instructores especializados, el gobierno busca implementar estas armas de baja letalidad, acompañadas de una resolución que establece un protocolo para el uso progresivo de la fuerza.

La medida ha desatado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario, que ven en esta decisión un riesgo para los derechos fundamentales y un retroceso histórico.

La incorporación de estas herramientas forma parte de una estrategia para modernizar las tácticas policiales, con entrenamientos que ya comenzaron en distintos puntos de la provincia. El protocolo, según el Ministerio, busca garantizar que los agentes empleen las Taser y Byrna –armas que disparan proyectiles de impacto controlado o descargas eléctricas– de manera regulada, priorizando la desescalada de conflictos.

Las 200 unidades, distribuidas tras una licitación pública, representan una inversión significativa en un contexto donde la seguridad es un tema prioritario para el gobierno de Pullaro. Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia desde su anuncio.

La APDH y otras organizaciones expresaron su “enérgico repudio”, argumentando que las Taser, a pesar de clasificarse como de baja letalidad, han sido vinculadas a casos de tortura y muerte en otros países. Citan datos de Estados Unidos, donde se reportaron más de 500 fallecimientos asociados a estas armas desde 2001 según Amnistía Internacional, y España, donde su uso ha sido cuestionado por provocar arritmias cardiacas. Estas entidades han elevado sus preocupaciones al Comité contra la Tortura de la ONU, señalando que las descargas eléctricas causan un dolor extremo y pueden tener consecuencias fatales, contradiciendo las promesas de seguridad del gobierno.

El rechazo también se enmarca en un análisis del contexto social y político. Las organizaciones vinculan la medida con una “pauperización de las condiciones de vida” en Santa Fe, donde la actividad económica cayó un 0,5% en mayo de 2025 según la Bolsa de Comercio local, y el desempleo alcanza el 7,9% a nivel nacional. Denuncian que esta política de equipamiento policial responde a una estrategia de criminalización de la protesta social, en lugar de abordar las causas estructurales de la conflictividad, como la pérdida de poder adquisitivo –con una inflación acumulada del 15,1% en 2025– o el cierre de 13.000 pymes en el último año. “Es una regresión inadmisible”, afirmaron, recordando que dispositivos similares fueron usados como instrumentos de tortura durante la última dictadura militar, un antecedente que consideran imperdonable.

La tensión entre seguridad y derechos humanos se intensifica en un momento en que movilizaciones como la Marcha de los Banchiitos o los reclamos de trabajadores suspendidos en Tapebicuá reflejan el malestar social. Mientras el gobierno defiende la necesidad de herramientas modernas para el control del orden público, las organizaciones advierten que su uso podría exacerbar la represión en lugar de promover el diálogo. El debate, que ya incluye presentaciones legales, promete extenderse, dejando en el aire la pregunta sobre cómo equilibrar la seguridad con la protección de los derechos en un contexto de creciente incertidumbre.