Los contribuyentes a quienes se les inició la ejecución fiscal son personas con patrimonios superiores a los $ 200 millones que presentaron la declaración jurada correspondiente al Aporte Solidario y Extraordinario, determinaron el monto que debían ingresar pero no hicieron el pago.
20.000 millones de pesos más
Las acciones legales fueron iniciadas por la DGI, que encabeza Virginia García, en los distintos juzgados del país.
La AFIP mantiene suspendidas las ejecuciones fiscales y la traba de embargos como parte de las medidas para amortiguar el impacto de la pandemia. Sin embargo, en mayo pasado, el organismo habilitó la posibilidad de utilizar ambas herramientas fiscales sobre las personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.
Las ejecuciones fiscales iniciadas se sumaron a las tareas de fiscalización y control que AFIP realizó en todo el país y que dieron lugar a que una cantidad de contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones presentasen sus declaraciones juradas y realizaran los pagos correspondientes.
El organismo encabezado por Marcó del Pont inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones respecto del “impuesto a los ricos”. Como resultado de esas acciones, el monto total generado por el Aporte ya supera los $ 240.000 millones, unos $ 20.000 millones más que el monto informado al momento del vencimiento.
