En una sesión clave en la Cámara de Diputados el 20 de agosto de 2025, la oposición consiguió rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Esta decisión permite insistir en la norma original, que ahora pasará al Senado para su tratamiento definitivo. Sin embargo, en el mismo debate, no se alcanzaron los dos tercios necesarios para anular el veto al aumento de las jubilaciones, ratificando así la decisión del Ejecutivo con ayuda de gobernadores aliados. Esta votación deja en evidencia las tensiones entre las necesidades de los sectores vulnerables y las políticas de ajuste fiscal que priorizan el equilibrio presupuestario sobre el bienestar social.
La ley de emergencia en discapacidad, aprobada originalmente por el Congreso, busca garantizar recursos para prestaciones básicas, transporte y apoyo a personas con discapacidad, un grupo que representa a más de 5 millones de argentinos según el último censo. Organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y familiares de afectados han denunciado que el veto presidencial agravaba una situación ya crítica, con prestaciones congeladas que no cubren el costo de vida. El rechazo al veto en Diputados representa un avance para miles de familias que dependen de estos apoyos, en un país donde la pobreza afecta al 31,6% de la población según estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella. Ahora, el Senado tendrá la palabra, y su decisión podría marcar un punto de inflexión en la protección de derechos esenciales.
Por el contrario, la ratificación del veto al aumento jubilatorio golpea directamente a más de 7 millones de jubilados y pensionados que esperaban un ajuste del 7,2% sobre sus haberes. La oposición necesitaba 170 votos para insistir en la ley, pero solo obtuvo 172 afirmativos contra 73 negativos, sin alcanzar los dos tercios requeridos. Esto mantiene la fórmula de movilidad actual, que según expertos independientes ha generado una pérdida del 20% en poder adquisitivo desde 2023. Jubilados como los que marchan cada miércoles en Santa Fe con sus banchiitos simbólicos ven frustradas sus demandas por ingresos dignos, en un escenario donde la canasta básica para un adulto mayor supera los 250 mil pesos mensuales, mientras el haber mínimo ronda los 247 mil pesos.
Este contexto se enmarca en una crisis económica más amplia, iniciada por la sequía de 2023 y profundizada por medidas de devaluación y recortes. El desempleo nacional alcanza el 7,9%, con una informalidad del 36,3%, afectando a trabajadores que contribuyeron toda su vida al sistema previsional. En provincias como Santa Fe, donde la actividad económica cayó un 0,5% en mayo según la Bolsa de Comercio local, los jubilados enfrentan no solo bajos ingresos, sino también dificultades para acceder a salud y medicamentos. Organizaciones sindicales y sociales, como las que participaron en la Marcha de San Cayetano, han criticado que estas políticas benefician a sectores concentrados mientras miles de pymes cierran –13 mil en el último año según la CAME–, dejando a familias sin sustento.
La sesión en Diputados reflejó divisiones políticas, con la oposición unida en discapacidad pero fragmentada en jubilaciones debido a presiones de gobernadores. Mientras el gobierno defiende el veto como necesario para el superávit fiscal, los afectados argumentan que sacrifica el bienestar de quienes construyeron el país. La discusión ahora se traslada al Senado para la emergencia en discapacidad, donde una ratificación podría ofrecer alivio a un sector olvidado. Para los jubilados, en cambio, la lucha continúa en las calles, reclamando un sistema que reconozca su dignidad y no los condene a la precariedad. En un momento de creciente malestar social, estas decisiones subrayan la urgencia de políticas que prioricen a las personas sobre los números, garantizando derechos básicos en una sociedad cada vez más desigual.
