La producción de este medicamento fue posible después de que la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), aprobara la importación del aceite de cannabis a granel para su procesamiento en el laboratorio provincial. Hace dos semanas se terminaron los análisis de control de calidad del primer lote de aceites y las autoridades sanitarias de la provincia autorizaron su uso en el sistema de salud.
De acuerdo a los cálculos del laboratorio, si se mantiene la demanda actual, este primer lote permitirá abastecer durante un año a los afiliados al Iapos y a los ocho pacientes que acceden a este tratamiento en los hospitales públicos.
Sin embargo, según consideran las autoridades sanitarias, la prescripción de este tratamiento tenderá a crecer a medida que los profesionales de la salud conozcan más sobre el producto y, sobre todo, tengan garantía de su seguridad.
Si bien el uso del cannabis como tratamiento terapéutico tiene una larga historia, en el país se aprobó su uso recién en el 2017 cuando el Senado avaló la Ley 27.350 que regula la investigación médica y científica del uso del cannabis para el tratamiento de epilepsias refractarias. Todo un logro de las asociaciones de usuarios y familiares de pacientes que reclamaron una normativa que los ampare.
Pero hubo que esperar tres años más para que la reglamentación de esa norma impulse la investigación y garantice el acceso a las terapias mediante el autocultivo, el cultivo solidario o la producción en laboratorios públicos o privados.
Santa Fe fue pionera en sancionar una ley de cannabis medicinal. En diciembre de 2016 se aprobó la Ley Nº 13.602 que incorpora los medicamentos a base de cannabis para el tratamiento de un abanico de enfermedades que no solo incluye epilepsias sino también cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor y estrés postraumático.
Pero, hasta ahora, los usuarios de aceite de cannabis solo podían acceder al aceite a través del autocultivo, de una red de cultivadores solidarios o mediante la importación de aceites de Estados Unidos o Canadá (el más conocido es el aceite de Carlotte).
La producción pública de este medicamento no solo permitirá el acceso a un producto de calidad, de acuerdo a los procedimientos y estándares de la industria farmacéutica, sino que también permitirá reducir los costos del medicamento, garantizando su acceso a la población.
Para Elida Formente, directora del LIF, se trata de garantizar igualdad y seguridad en el acceso a estos tratamientos. “Los productos importados con muy caros, por lo cual su costo plantea una barrera para el acceso a la población a un medicamento seguro”, explica y asegura que la producción pública “es un avance en el camino de la soberanía sanitaria, ya que no tendremos que depender de factores externos para acceder a un medicamento seguro y de calidad”.
Los frascos de aceite de cannabis elaborados en el LIF tienen un costo entre seis y siete veces por debajo de los precios que se consiguen en el mercado.
La presentación del primer lote de medicamentos será el punto de partida para proyectos más ambiciosos en relación a la producción de derivados del cannabis, en los que se pretende avanzar en “un futuro no muy lejano”, asegura.
La primera de estas iniciativas es la importación de CBD en cristales para la elaboración de fármacos con distintas composiciones que estarán disponibles para ensayos clínicos. La segunda, es avanzar en la producción de la materia prima, con plantaciones pilotos de plantas de cannabis ricas en CBD, para lo cual ya se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
