La firma se compromete a pagar 485 millones de dólares, a partir de los activos que posee y su movimiento. A los acreedores se les ofrece un pago inmediato de 28 millones de dólares y otros 457 millones en 13 cuotas anuales a partir de 2024.
El primer pago servirá para entregar unos 20 mil dólares a cada uno de los 1.100 productores con los que se tiene deudas. El juez del concurso, Fabián Lorenzini, había verificado en pesos a los acreedores granarios ($32.108 millones) y en dólares a los financieros.
La propuesta de Vicentin, con una quita de capital del 75% y un plazo de repago de 20 años, había sido presentada a principios de agosto ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista.
Fue una formalidad administrativa que el apoderado de la empresa, Guido Ferullo, presentó ante el juzgado que conduce Fabián Lorenzini –que tiene a su cargo el concurso–, ante la inminencia que impone la ley de 20 días hábiles previos al 3 de septiembre, fecha en la que vence el plazo para que la empresa haga la propuesta de pago.
En ese sentido, el documento que presentó la firma ante la Justicia admite que la misma se lleva a cabo “al solo efecto de cumplir con este acto procesal perentorio”, para evitar así un posible salvataje.
De hecho, la presentación se hizo porque el juez Lorenzini todavía no se expidió sobre el pedido de prórroga que solicitó la empresa hasta el 31 de marzo de 2022 para presentar un plan de pagos.
El documento está publicado en el expediente de la causa y lleva la firma de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin SAIC.
Fuentes ligadas a la causa dijeron a Télam que «el contenido de la propuesta es inaceptable» por los principales acreedores, el Banco Nación y entidades financieras internacionales, como así también para la mayoría de los acreedores granarios.
Esto es así porque el instrumento con el cual la empresa pagaría el 25% de la deuda bruta que mantiene –sin intereses compensatorios ni punitorios– sería en Obligaciones Negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años, una emisión que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar y que no tiene otro papel similar de una empresa argentina en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores.
Las ON devengarían intereses calculados sobre saldos del 0,5% anual en el caso de los tramos dolarizados y tasa Badlar para los pesificados, lejos de los retornos que pagan otras empresas argentinas en dólares (de entre 7 y 11% anual) y por debajo de la inflación, superior al 50% interanual según las últimas cifras del Indec.
Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de 1.400 millones de dólares, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.
En abril último el Banco Central (BCRA) suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior luego de que se confirmara que mantiene una deuda de 140 millones de dólares por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.
