Entre ellos hay cinco ministros: “Wado” De Pedro, Salvarezza, Soria, Bauer y Cabandié. También la titular del PAMI, Luana Volnovich, de la ANSES, Fernanda Raverta, de Comercio Interior, Paula Español, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. La decisión fue adoptada como consecuencia de la contundente derrota en las primarias
Nacionales15/09/2021 Redacción LME
Con el pasar de los minutos se incorporaron el ministro el de Medio Ambiente, Juan Cabandié, el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, Martín Sabbatella, titular de ACUMAR, Victoria Donda, a cargo del INADI y el viceministro de Educación Jaime Percick, además de Paula Español, la secretaria de Comercio Interior.
En tanto, ministros como Jorge Ferraresi, de Hábitat; Gabriel Katopodis, de Obras Públicas; y Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Género y Diversidad; de Seguridad, Sabina Frederic; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, indicaron que el lunes pusieron sus renuncias a disposición pero no formalmente.
Los ministros que responden a Alberto Fernández no se acoplaron a la estrategia impulsada por Cristina Kirchner para presionar al Presidente a reformar el Gabinete.
La jugada se suma a otros gestos similares en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz, también gestionados por gobernadores del kirchnerismo, que tuvieron lugar en el comienzo de la semana, pocas horas después de la derrota en las PASO.
El lunes Alicia Kirchner le pidió a sus funcionarios que pongan la renuncia a disposición y este miércoles la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, informó que todo el Gabinete le presentó la renuncia al gobernador Axel Kicillof.
La carta de “Wado” de Pedro
En paralelo a las renuncias, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, citó a los funcionarios que le responden a las 17:30 en la sede del Frente Renovador. Allí asistirán el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; la titular de AYSA, Malena Galmarini, el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José de Mendiguren, y Claudio Ambrosini, presidente del ENACOM
La posibilidad de un cambio de Gabinete se barajaba en el Gobierno desde antes de las elecciones y volvió a quedar sobre la mesa en la noche del domingo, después de la paliza electoral. Desde los diferentes sectores de la coalición advertían la necesidad de generar cambios en el corto plazo para mostrar que el golpe electoral afectó.
Desde Presidencia aún no hay ningún comunicado ni mensaje que siente una posición sobre lo sucedido.
La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.
En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.
Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.
A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.
El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
El proyecto de reforma laboral no solo flexibiliza el régimen de trabajo, sino que introduce una polémica modificación fiscal que elimina el Impuesto a las Ganancias para 144 corporaciones en 2026, un monto que supera el doble del presupuesto de Ciencia y Técnica.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.
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La reciente escalada de Donald Trump contra Venezuela, que incluye un bloqueo naval y la exigencia de "devolver" derechos petroleros históricos, marca la consolidación de una doctrina que considera a la inversión privada estadounidense como una extensión de la propiedad estatal de EE. UU., poniendo en jaque la autonomía de toda la región frente a sus recursos estratégicos.