Plan Cóndor Siglo XXI

La información fue difundida a la prensa por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez y recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".

El mensaje estuvo acompañado por la publicación de una nota de un militar boliviano a la embajada argentina, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la que se da por recibido el material y se adjunta un detalle del envío.

Al enterarse, el presidente Alberto Fernández le envió una nota a su par boliviano, Luis Arce, para lamentar el hecho y expresarle su "dolor y vergüenza", ante la denuncia del gobierno del vecino país que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina "material bélico" al régimen de Jeanine Añez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".

A su vez, el expresidente de Bolivia Evo Morales declaró que nunca imaginó que el gobierno de Mauricio Macri "fuese capaz de cometer un delito de lesa humanidad como el de enviar material bélico a los golpistas para matar al pueblo boliviano indefenso".

En una serie de tuits publicados, Morales dijo que le "consuela" saber que "Argentina no es Macri" y que su "generoso pueblo" lideró la lucha continental por la libertad y la justicia" y elogió al presidente Alberto Fernández al sostener que "salvó vidas de bolivianos", incluida la suya, "frente a la persecución golpista".

El exmandatario añadió que la carta firmada por un militar que deshonró su bandera y atentó contra el orden constitucional prueba la participación de gobernantes de derecha, Iglesia Católica y Estados Unidos en el golpe. Sus crímenes de lesa humanidad deben investigarse y sancionarse en corte internacional".

El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Diego Pery, afirmó que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri realizó "una acción vergonzosa al contribuir con armas letales a la muerte de bolivianos y bolivianas" y señaló que "cooperar para matar no es el camino que nuestros pueblos desean", al referirse a la presunta colaboración de países latinoamericanos, entre ellos Argentina, en el golpe de Estado ocurrido en su país.

Sostuvo que el Gobierno boliviano pedirá también que se "investiguen" a las autoridades que estuvieron involucradas en esa supuesta colaboración y también "hasta dónde están implicadas y cómo participaron" y afirmó que con los datos disponibles hoy, se puede afirmar que el golpe fue "una articulación de la derecha latinoamericana" en la que tuvieron parte los gobiernos de los entonces presidentes Macri, Iván Duque (Colombia), Lenin Moreno (Ecuador), y el secretario general de la OEA, Luis Leonardo Almagro.

Y agregó que el golpe en Bolivia se llevó a cabo a través de "una estrategia planificada desde intereses hegemónicos", y sostuvo que fue un intento de "rearticular un Plan Cóndor" que involucró a países latinoamericanos en la desestabilización del gobierno del país vecino. (La Operación Cóndor fue una conspiración entre los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur -Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú- cuyo objeto fue el intercambio de información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países, y la colaboración en la persecución de estas personas).

La denuncia del Gobierno de Bolivia en contra del expresidente argentino Mauricio Macri cobró hoy mayor dimensión tras el anuncio del canciller Rogelio Mayta de que su país "podría llamar a declarar" al ex mandatario ante la Justicia.

"Obviamente, el expresidente Macri podría estar involucrado. Probablemente sea llamado a testificar. Si encuentran elementos que evidencien responsabilidad, se podrían levantar cargos en su contra aquí en Bolivia", dijo el canciller boliviano en declaraciones.

La Justicia boliviana tiene un proceso abierto por la ruptura del orden constitucional en 2019, motivo por el cual están detenidos la expresidenta de facto Jeanine Äñez, algunos militares y exministros.

Afirmaciones del ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que "ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del departamento de Defensa" y que el avión "tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia", pero que "además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de que era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal porque sino lo hubiesen detallado".

"El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de Trabajo de (Gerardo) Morales, Normando Álvarez García", que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.

También adelantó que "Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo Aduana y, por ende, todo se puede confirmar".

"Está claro que hubo una serie de países y una organización como la OEA que apoyaron abiertamente la ruptura del orden institucional y constitucional en Bolivia y apoyaron el Golpe de Estado, lo que es harto evidente", remarcó Rossi.

Por su parte, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, calificó de "muy grave" la información hallada y evaluó que "con esto cae la farsa y el telón" sobre la actitud del gobierno de Cambiemos respecto de los hechos ocurridos en el país vecino.

Basteiro lamentó también que "más allá de Macri y (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich, no deja de ser la Argentina la que tiene responsabilidad por apoyar un golpe militar" por lo que "le puede llegar a caber responsabilidad al país, que fue el que hizo esa terrible ´donación´, por darle un nombre", sumó el embajador.

El diplomático contó que "en este momento en Bolivia la CIDH está elevando un informe sobre los hechos que acontecieron en noviembre", y estimó que "el 20 de agosto se va a conocer un informe que demostrará las consecuencias del golpe", a lo que "seguramente se sumarán" estos nuevos datos.

Investigación judicial en Argentina

Paralelamente, la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció esta tarde el inicio de una causa a raíz de la denuncia efectuada ayer por el Gobierno de Bolivia.

La fiscalía indicó a través de un comunicado que inició esta investigación “en atención a los graves sucesos que han trascendido públicamente entre jueves y viernes, sobre la puesta en conocimiento al Gobierno argentino por parte de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la presunta entrega a ese país de material bélico de agentes químicos”.

Fuente: telam.com.ar