Entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad

La reciente publicación en el Boletín Oficial confirmó que la ley de emergencia en discapacidad, aprobada en el Congreso, quedará suspendida por decisión del Ejecutivo Nacional. El argumento oficial sostiene que la norma no podrá aplicarse hasta que el Poder Legislativo indique de qué partida presupuestaria surgirán los fondos necesarios.

Mariela Peña, presidenta de Incluime Santa Fe, expresó su preocupación y consideró la medida “inconstitucional” por desconocer la división de poderes. “El Ejecutivo debe ejecutar las políticas presupuestarias y el Legislativo sancionar las leyes. Al frenar la emergencia, se impide el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad". 

La dirigente anticipó que las organizaciones retomarán el plan de lucha, con movilizaciones, acciones de visibilización y la judicialización del reclamo. “Ya venimos presentando amparos individuales por personas que se quedaron sin pensión. Ahora avanzamos en una presentación colectiva”, explicó.

Peña remarcó además la contradicción en la política económica nacional: “El mismo día que suspenden la emergencia en discapacidad, el Gobierno anuncia la quita de retenciones al campo. Si hay recursos para acompañar a un sector, también debería haberlos para garantizar derechos básicos”.

Presupuesto
Según la especialista, la implementación de la ley representaría apenas el 1,2% del PBI, un impacto presupuestario “no significativo en comparación con otras erogaciones”.

Otro de los puntos críticos es la situación de los prestadores de servicios de discapacidad, que denuncian aranceles congelados y falta de actualización en los nomencladores. “Con un valor de kilómetro de $541 cuando el combustible supera los $1.500, los profesionales no pueden sostener la atención y muchos abandonan la actividad. Eso recae directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, señaló.

En paralelo, Peña advirtió que en Santa Fe también se multiplican los amparos contra el IAPOS, especialmente por la negativa en la cobertura de medicamentos costosos.

“Estamos frente a un Estado que, en lugar de garantizar derechos, pone obstáculos. La lucha va a seguir en las calles y en la Justicia”, concluyó Peña.