Movilizaciones, amparos colectivos y visibilización en la calle son las medidas que preparan tras la suspensión de la norma nacional
Provincia de Santa Fe24/09/2025
La Mecha EncendidaLa reciente publicación en el Boletín Oficial confirmó que la ley de emergencia en discapacidad, aprobada en el Congreso, quedará suspendida por decisión del Ejecutivo Nacional. El argumento oficial sostiene que la norma no podrá aplicarse hasta que el Poder Legislativo indique de qué partida presupuestaria surgirán los fondos necesarios.
Mariela Peña, presidenta de Incluime Santa Fe, expresó su preocupación y consideró la medida “inconstitucional” por desconocer la división de poderes. “El Ejecutivo debe ejecutar las políticas presupuestarias y el Legislativo sancionar las leyes. Al frenar la emergencia, se impide el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad".
La dirigente anticipó que las organizaciones retomarán el plan de lucha, con movilizaciones, acciones de visibilización y la judicialización del reclamo. “Ya venimos presentando amparos individuales por personas que se quedaron sin pensión. Ahora avanzamos en una presentación colectiva”, explicó.
Peña remarcó además la contradicción en la política económica nacional: “El mismo día que suspenden la emergencia en discapacidad, el Gobierno anuncia la quita de retenciones al campo. Si hay recursos para acompañar a un sector, también debería haberlos para garantizar derechos básicos”.
Presupuesto
Según la especialista, la implementación de la ley representaría apenas el 1,2% del PBI, un impacto presupuestario “no significativo en comparación con otras erogaciones”.
Otro de los puntos críticos es la situación de los prestadores de servicios de discapacidad, que denuncian aranceles congelados y falta de actualización en los nomencladores. “Con un valor de kilómetro de $541 cuando el combustible supera los $1.500, los profesionales no pueden sostener la atención y muchos abandonan la actividad. Eso recae directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, señaló.
En paralelo, Peña advirtió que en Santa Fe también se multiplican los amparos contra el IAPOS, especialmente por la negativa en la cobertura de medicamentos costosos.
“Estamos frente a un Estado que, en lugar de garantizar derechos, pone obstáculos. La lucha va a seguir en las calles y en la Justicia”, concluyó Peña.
El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial implementa un sistema avanzado de analítica forense que permite rastrear patrones, colores y rostros entre miles de horas de grabación, transformando radicalmente la velocidad y eficacia de las pericias judiciales.
Tras el trágico accidente en Arrufó que se cobró dos vidas, el senador Felipe Michlig anunció que llevará a la Justicia Federal al organismo nacional ante la falta de autorización para construir una rotonda estratégica en el cruce con la Ruta Provincial 39, una obra que ya cuenta con presupuesto y adjudicación por parte de la provincia de Santa Fe.
La protesta será en simultáneo con la marcha nacional y reunirá a sindicatos y organizaciones sociales. Desde la CGT advierten sobre cierre de pymes, pérdida de puestos de trabajo y recortes presupuestarios
Tras años de irregularidades y constantes reclamos de clubes históricos, la Provincia de Santa Fe inició un operativo para demoler obras ilegales que obstruyen el flujo hídrico, mientras las instituciones náuticas exigen al municipio que bloquee cualquier habilitación comercial en la zona en conflicto.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
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La Universidad Nacional de Hurlingham incorporó un equipamiento inédito que posiciona a la educación pública argentina a la vanguardia tecnológica.
La Central Obrera Boliviana encabezó una multitudinaria marcha en rechazo a las medidas impuestas por el Ejecutivo que eliminan los subsidios a los combustibles y abren la puerta a la privatización de recursos estratégicos, profundizando el conflicto entre los sindicatos y el modelo neoliberal.
El reciente descarrilamiento de una formación ferroviaria en el área metropolitana pone de relieve las consecuencias de la paralización de las obras públicas y el cese de la inversión estatal, dejando a la ciudad expuesta a accidentes que podrían evitarse con la culminación de la infraestructura proyectada.
Los registrados -públicos más privados formales- subieron 2 por ciento, contra un IPC que en ese período fue del 2,3 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La decisión fue adoptada tras un amparo del Consejo Universitario Nacional. El juez actuante señaló que la suspensión de la ley por decreto presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.