Provincia de Santa Fe

Más allá de los límites

Las instituciones santafesinas que atienden a personas con discapacidad atraviesan una situación límite.

Hogares, centros de día y escuelas especializadas acumulan deudas, improvisan estrategias de financiamiento y no logran sostener la prestación de servicios esenciales.

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Así lo describió el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante su visita a la ciudad de Santa Fe, donde participó de una conferencia en la Universidad Católica (UCSF). "Los hogares y los centros de día viven haciendo ferias americanas o rifas; no saben más qué inventar.

Las escuelas especializadas ya no saben de dónde agarrarse", describió el exfuncionario, quien es además el principal impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según explicó, el deterioro responde a una combinación de atrasos en los pagos, valores desactualizados y falta de aplicación efectiva de la normativa vigente.

El desfasaje entre los valores que reconoce el Ejecutivo nacional y los costos reales del sector es uno de los problemas centrales. "Una acompañante terapéutica cobra 4.600 pesos la hora a 90 o 120 días. Un transportista cobra la nafta a 970 pesos cuando sale más de 2.000. Las instituciones se endeudaron, están desesperadas", graficó Arroyo.

El exministro precisó que el Gobierno actualiza valores por inflación, pero sin compensar los dos años previos de atraso acumulado.

El marco legal existe pero no se cumple, según Arroyo. El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero la suspendió en su segundo artículo.

Ante una orden de la Justicia, la reglamentó el 4 de febrero, aunque sin trasladarla a la práctica. "El Gobierno la promulgó, dijo 'sí, es ley' y la suspendió en el segundo artículo. La Justicia le dijo 'tiene hasta el 4 de febrero para ponerla en marcha'. El 4 de febrero la reglamentó, pero en la práctica no lo está haciendo", sostuvo.

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