Protesta en la Agencia Nacional de Discapacidad: familias y prestadores reclamaron por la aplicación de la ley de emergencia

 Exigieron la inmediata puesta en marcha de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin reglamentación efectiva, y la actualización de los aranceles que el Estado paga por las prestaciones.

La concentración comenzó a media mañana frente al edificio de Ramsay al 2200, donde se reunieron organizaciones de familiares, centros de día, transportistas y profesionales del área. Los manifestantes denunciaron que el gobierno nacional mantiene congelados los valores del nomenclador, lo que impide cubrir los costos de atención, transporte y terapias básicas.

También reclamaron por los atrasos en los pagos y la falta de respuestas del organismo que conduce el interventor Alejandro Vilches, designado tras la intervención de la ANDIS en medio de denuncias por irregularidades.

“Estamos pidiendo algo muy simple: que se cumpla la ley y que se respete el derecho de las personas con discapacidad a recibir atención”, expresó una de las voceras del grupo de familias. A su lado, trabajadoras de centros terapéuticos sostuvieron carteles que decían “Sin presupuesto no hay inclusión” y “La discapacidad no puede esperar”.

Pasado el mediodía, la tensión aumentó cuando, luego de horas de espera, un grupo de manifestantes ingresó al hall principal del edificio para entregar un petitorio. Tras algunos forcejeos con personal de seguridad, las autoridades aceptaron recibir a una delegación integrada por representantes de las familias y prestadores.
El encuentro con Vilches duró pocos minutos y no dejó definiciones concretas: según los manifestantes, el funcionario no confirmó la convocatoria al directorio ni garantizó una fecha para aplicar la ley de emergencia. “Nos vamos sin respuestas”, resumió una delegada al salir de la reunión.

Afuera, el reclamo continuó con aplausos y cánticos que pedían “presupuesto y dignidad”.
Las organizaciones advirtieron que mantendrán el plan de lucha hasta obtener una respuesta concreta del gobierno. “No se trata de un pedido sectorial —dijeron—, sino de defender un derecho básico que el Estado está dejando caer”.