La ley de emergencia en discapacidad sigue sin aplicarse

A menos de dos semanas del 4 de febrero, fecha límite fijada por la Justicia para que el Estado nacional implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, crece la incertidumbre entre las organizaciones, prestadores y familias. La norma fue sancionada por el Congreso, pero sigue sin aplicarse, pese a una orden judicial expresa que exige su puesta en marcha tras considerar agotadas todas las instancias administrativas y judiciales.

En ese contexto, Mariela Peña, abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad y una de las impulsoras del amparo judicial, sostuvo que, aunque el sector no pierde la esperanza, las señales del Gobierno nacional generan preocupación. “La fe nunca la perdemos, pero las expectativas con el desarrollo de las políticas públicas y las actuaciones del Gobierno Nacional nunca son muy positivas”, afirmó.
 
Una ley sancionada, pero sin ejecución
Peña recordó que el fallo del Juzgado Federal de Campana data de mediados de diciembre y que, desde entonces, el Ejecutivo no cumplió con la sentencia. “Viene continuamente pateando la pelota hacia adelante”, cuestionó, y explicó que incluso durante la feria judicial se solicitaron medidas urgentes para garantizar la aplicación de la ley.

Según relató, el juez hizo lugar a todos los pedidos, pero desde el Gobierno nacional “lo único que se hace es presentar respuestas dilatorias”. Frente a esa situación, la Justicia decidió fijar un límite claro. “Después de 30 días, el juez dijo que el 4 de febrero se termina el plazo, tienen que cumplirlo y arbitrar los medios para hacerlo, porque se han agotado todas las instancias administrativas y judiciales”, remarcó. 

El rechazo a la nueva Secretaría de Discapacidad
Otro de los puntos críticos señalados por Peña es la decisión del Gobierno nacional de transformar la Agencia Nacional de Discapacidad en una Secretaría. Para la abogada, ese cambio institucional no solo no mejora la situación, sino que profundiza una mirada que el sector cuestiona.

“No estamos muy de acuerdo con esta secretaría, no compartimos la mirada. Es la diferencia entre un modelo social y un modelo médico hegemónico”, afirmó. En ese sentido, denunció que las organizaciones especializadas no son escuchadas ni convocadas a los espacios donde se toman decisiones.

Peña explicó que existe un ámbito formal, el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedi), donde participan las provincias y el Estado nacional, pero aclaró que allí no se están discutiendo las políticas de fondo. “Se sigue decidiendo detrás de un escritorio y no se escucha la realidad del interior”, sostuvo.

La abogada remarcó además la falta de una mirada federal en el diseño de las políticas públicas. “No es lo mismo hablar de discapacidad en Santa Fe capital que en Los Amores, en el norte de nuestra provincia, y mucho menos en Chaco, Formosa o Santa Cruz”, señaló. Por eso, más que expectativas, dijo, el sector se mantiene “en alerta permanente”.

Instituciones asfixiadas y prestaciones suspendidas
El impacto de la falta de aplicación de la ley ya se siente con fuerza en el territorio. Peña describió un escenario de agobio económico y crisis estructural en instituciones y prestadores. “Hay un montón de instituciones que no arrancaron, un montón de prestaciones que todavía no se iniciaron este año y se está esperando a febrero para retomar”, explicó.

Uno de los sectores más afectados es el transporte. Según detalló, el aumento sostenido del combustible y de los repuestos volvió inviable la continuidad del servicio. “Ya hay empresas que directamente no están brindando el servicio y que rotaron a otras actividades, como la paquetería, porque no se pueden sostener las fuentes laborales”, advirtió.

La situación obliga a muchas instituciones a recurrir a estrategias de subsistencia extremas. “Hay instituciones que están haciendo bingos, venta de productos de limpieza. Ya no se puede. Verdaderamente es muy triste. Hay hogares que han tenido que cerrar sus puertas”, lamentó.

El deterioro también alcanza a los trabajadores. Peña señaló que en muchos casos no se paga el sueldo básico completo, se abona en cuotas y aún hay lugares donde no se terminó de pagar el aguinaldo de diciembre. “Las instituciones van transfiriendo lo que pueden, pero no están pudiendo cumplir con las obligaciones patronales”, explicó, y advirtió que esta situación genera un impacto en cadena: trabajadores, familias e instituciones que son, en su mayoría, ONG con años de trayectoria.

Qué cambiaría si se aplica la ley
De acuerdo a Peña, la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad tendría un efecto inmediato. “Automáticamente trae una actualización de los aranceles que están desactualizados y rondaría un 70 por ciento”, explicó, y señaló que esa recomposición sería un “oxígeno” para las instituciones.

Además, destacó que la norma establece un mecanismo automático de actualización mensual atado al IPC, lo que evitaría nuevas demoras como las registradas en 2025, cuando los aranceles quedaron congelados durante todo el año. “Ya no depende de que un directorio se junte o no; queda atado a la inflación y genera una actualización más segura”, subrayó.

Sin embargo, mientras la ley siga sin aplicarse, la crisis continúa profundizándose. “Hay un montón de prestadores que no arrancaron con las prestaciones 2026 y eso implica personas con discapacidad que no están accediendo a su tratamiento”, alertó.

A nivel nacional, el panorama es aún más alarmante. “Ya estamos hablando de más de 60 instituciones cerradas, equipos interdisciplinarios que dejaron de funcionar y personas con discapacidad —niños, adultos y adultos mayores— que no están recibiendo las prestaciones”, concluyó Peña, al tiempo que recordó que detrás de cada cierre hay familias, trabajadores y derechos vulnerados.