Mientras el gobierno celebra la reducción del ritmo inflacionario, el costo de los servicios básicos y el transporte se ha disparado con incrementos históricos que superan por creces la inflación acumulada, ejerciendo una presión insostenible sobre los presupuestos familiares.
A partir del 4 de agosto de 2025, algunas de las principales empresas de consumo masivo anunciaron incrementos en los precios de productos alimenticios esenciales.
Mientras la inflación oficial marca un 1,6% en junio, los alquileres trepan hasta un 8,6% en algunas regiones, dejando a miles al borde del colapso económico.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que la inflación de junio 2025 fue del 1,6% mensual, acumulando un 15,1% en el primer semestre y un 39,4% interanual.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles la inflación correspondiente a enero de 2025, que se ubicó en 2,2%, en línea con las estimaciones de las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que proyectaban un 2,3%. Sin embargo, este dato oficial oculta una realidad más compleja cuando se analiza la canasta de consumo utilizada para su cálculo.
Un reciente informe realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), bajo la coordinación de María Celina Calore y con los contenidos técnicos desarrollados por Alejo Muratti, en colaboración con la Asociación Civil "Construir Santo Tomé", revela la crítica situación económica que atraviesa la ciudad de Santo Tomé. En el actual contexto inflacionario, el costo de vida de una familia supera ampliamente los ingresos de las principales ocupaciones de la ciudad, generando una situación de vulnerabilidad para gran parte de la población.
La última medición del Indec detectó un fuerte incremento en la cantidad de argentinos que trabajan en forma precarizada, que ya representa el 37,8% del total. Son personas que carecen de derechos laborales básicos, como la cobertura de salud y los aportes jubilatorios.
El gremio docente Coad y sectores peronistas repudiaron las amenazas de Javier Milei y cuestionaron al rector Franco Bartolacci por anunciar investigaciones y sumarios contra los organizadores.
El Centro de Estudios Legales y Sociales publicó una minuciosa cronología judicial del caso que involucra a un efectivo de Gendarmería Nacional, mientras el entorno del reportero gráfico alerta sobre intentos corporativos de encubrimiento.
Un relevamiento regional expuso el deterioro de la calidad crediticia de los santafesinos, quienes recurren de forma sistemática a las tarjetas de crédito y a préstamos personales para costear gastos corrientes y alimentos.
El gobierno provincial reclamó a la Nación que el 100% de las líneas cuenten con el sistema electrónico, debido a que un cuarto de las empresas locales carece del beneficio y obliga a miles de usuarios a abonar el pasaje completo sin el descuento de la Tarifa Social Federal.