El retorno al país del látigo

Abordar una síntesis de la reciente reforma laboral en Argentina exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad intelectual que rara vez se encuentra. 

No existen las miradas neutras en este terreno; cada interpretación es un territorio en disputa donde los intereses de clase y las ambiciones sectoriales tiñen la interpretación de la ley. 

Lo que para un consultor de empresas es una necesaria flexibilización, para quien vive de su salario es una pérdida directa de previsibilidad. 

Sin embargo, lo más intrigante de este proceso no es la letra chica de los artículos, sino el mecanismo de manipulación cognitiva que se despliega para que el propio sujeto afectado termine abrazando las herramientas de su precarización.

La comunicación hegemónica, puesta al servicio del capital, opera sobre la psiquis colectiva para convencernos de las bondades de caminar bailando hacia nuestras propias miserias, presentando la entrega de derechos históricos como una gesta de libertad individual. 

Esta mirada no surge de un escritorio, sino de la experiencia de quien escribe como un trabajador que entiende su lugar de referencia y pertenencia, el lugar de “trabajador”. 

Desde ahí nace esta mirada.

El proceso de cognición está siendo intervenido: se reemplaza la noción de protección por la de riesgo compartido, convenciendo al empleado de que su estabilidad es el problema y no la solución a la crisis económica.

El eje de esta gran mentira consiste en señalar problemas puntuales del marco regulatorio actual para justificar la demolición total de un edificio construido con décadas de esfuerzo. 

No se busca mejorar la registración, sino perdonar la evasión; no se pretende dinamizar el empleo, sino abaratar el despido. 

Si el trabajador internaliza que su paso por una empresa es descartable y que la ley ya no castiga la informalidad del patrón, se rompe el contrato social básico que equilibraba las fuerzas en la relación laboral. 

Estamos ante una arquitectura legal que, lejos de modernizar, parece retroceder a esquemas donde el esfuerzo individual queda desamparado frente al poder concentrado, con un único objetivo: que el empleado vuelva a bajar la cabeza al hablarle al patrón, como pretendía Robustiano Patrón Costas.

Esta reforma nos retrocede como sociedad a una etapa previa a 1945, cuando las condiciones de vida engendraron un clima de violencia social enorme, con una clase trabajadora que iba virando hacia una intolerancia producto de la violencia estatal que ponía en peligro la organización social misma. 

Fue con la llegada del peronismo cuando las cosas tomaron otro cauce y, lejos de perjudicar a las patronales, todas las empresas pudieron crecer mientras las oligarquías veían cómo sus condiciones de privilegiados absolutos eran finalmente transformadas. 

Nunca creció más el empleo que en los gobiernos donde se protegió a los trabajadores.

Al análisis de la oligarquía local, hay que sumar ahora la dimensión geopolítica. El FMI llega a Argentina en 1956, inmediatamente después de la caída de Perón, e instala la consigna de que el problema argentino es el "exceso de gasto" y la "rigidez laboral". Desde entonces, cada crisis y cada acuerdo de deuda ha venido acompañado del mismo pack de exigencias: menos Estado y menos derechos laborales. 

La reforma actual es la culminación de ese proceso: es el triunfo ideológico y legal de un modelo que tiene claros beneficiarios. El FMI y Acreedores Externos exigen la reducción del "gasto social" y de la "rigidez" del mercado para asegurar que los recursos del Estado se destinen prioritariamente al pago de la deuda. 

A su vez, las Corporaciones Transnacionales buscan un mercado laboral que les permita maximizar la rentabilidad sin ataduras, necesitando capacidad para despedir a bajo costo o reubicar personal sin negociación colectiva. En este camino, la tentación de no pagar más por antigüedad irá modificando necesariamente los aportes necesarios para acceder a las jubilaciones en el futuro. 

El objetivo es un mercado laboral subordinado, donde el costo laboral sea una variable de ajuste al servicio del pago de deudas externas.

Si esta reforma pasa el Congreso, el futuro será muy oscuro y nos esperan décadas de reconstrucción, si es que el pueblo recupera el control del Estado, para volver a generar un marco de derechos como el actual. Sin embargo, no hay que olvidar que a fines de los sesenta hubo un gobierno que quería quedarse treinta años y fue frenado por un pueblo consciente de sus derechos que generó los "Azos". 

Esas puebladas enfrentaron al poder y su feroz represión porque no somos un pueblo manso; tenemos una historia de lucha y resistencia que hoy vuelve a estar a prueba. 

Están tan pasados de rosca en su afán de ajuste que olvidan que el espíritu argentino no se doblega fácilmente. 

Estamos asistiendo, quizás, a un nuevo despertar de la conciencia social frente a la mentira. 

Es hora de recuperar el control del Estado para frenar esta involución y volver a tener ese espíritu que, tarde o temprano, volverá a “levantar a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra.”