Acompañando la presentación judicial del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), Barcesat sostuvo que el Ejecutivo excedió sus facultades y vulneró garantías constitucionales básicas, entre ellas, la estabilidad del empleo público y el principio de legalidad.
La medida del Gobierno fue suspendida por la jueza Martina Forns, del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, quien dictó una cautelar que frena cualquier intento de cierre, traslado o despido de personal mientras no se resuelva el fondo de la cuestión. Para el constitucionalista, esta decisión judicial “restablece el orden legal” frente a un decreto que no solo carece de fundamento técnico, sino que además fue dictado “sin competencia constitucional ni delegación expresa del Congreso”.
Barcesat remarcó que el decreto no puede aplicarse porque pretende eliminar un organismo autárquico creado por ley, sin que esa facultad esté incluida entre las delegadas por el Parlamento al Poder Ejecutivo. “No estamos ante una emergencia como un terremoto o una guerra que justifique esta intervención extraordinaria. No hay ninguna razón que avale esta arbitrariedad”, indicó.
En la presentación judicial, Barcesat y los sindicatos apelaron al artículo 43 de la Constitución Nacional y a tratados internacionales de derechos humanos y laborales que integran el bloque de constitucionalidad. Sostuvieron que el DNU constituye una “ilegalidad manifiesta” y solicitaron su nulidad absoluta, por atentar contra el derecho al trabajo, la protección del empleo público y la institucionalidad democrática.
El constitucionalista también advirtió que la desaparición de Vialidad Nacional, además de dejar en la incertidumbre a más de 5.000 trabajadores en todo el país, pone en riesgo la planificación y ejecución de obras públicas clave para el desarrollo productivo, el acceso a derechos básicos y la seguridad vial. “Estamos hablando de una red de más de 40.000 kilómetros de rutas bajo gestión directa. No puede haber un vacío técnico ni operativo de esta magnitud, menos aún sin reemplazo alguno”, señaló.
Barcesat fue crítico con los argumentos esgrimidos por el Gobierno, que justificó la medida como parte de una política de lucha contra la corrupción y de achicamiento del Estado. Según el letrado, este enfoque ideológico es similar al que aplicaron regímenes autoritarios y gestiones neoliberales anteriores, con resultados devastadores. “Estamos volviendo a las lógicas del vaciamiento del Estado, de la entrega y la desprotección del interés público”, afirmó.
La causa continúa su curso judicial mientras la medida cautelar tiene vigencia por seis meses. El Gobierno nacional, por su parte, anticipó que apelará la resolución, insistiendo en su objetivo de reformular la estructura estatal. Barcesat concluyó que el fallo de la jueza Forns es un paso importante, pero que será necesario sostener la acción institucional y sindical para evitar que se consolide un precedente que habilite el desmantelamiento de organismos estratégicos mediante decretos ejecutivos.
