La falta de mantenimiento de las rutas nacionales volvió a encender el conflicto entre el Gobierno nacional y varias provincias.
Sindicales y Trabajadorxs26/07/2025 La Mecha Encendida Esta semana, los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut expresaron públicamente su malestar ante el deterioro de la infraestructura vial y la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo nacional.
Cada uno lo hizo con acciones concretas, desde cartelería crítica hasta la firma de acuerdos institucionales, buscando dejar en evidencia la desatención del Estado nacional en esta materia.
En Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro tomó una decisión contundente: colocó carteles a lo largo de tramos clave de rutas nacionales como la 9, la 33 y la A012 con la leyenda “Aquí comienza la Ruta Nacional … mantenida por el Estado Nacional”. El objetivo fue claro: hacer visible ante la ciudadanía que el mal estado de esas vías no es responsabilidad de la provincia, sino de un Estado nacional que ha abandonado su deber. Esta medida se da luego de que Vialidad Nacional quedara virtualmente desarticulada, dejando sin mantenimiento a más de 9.000 kilómetros de rutas. Pullaro ya había solicitado formalmente que se transfieran esos tramos a la provincia para poder asumir su cuidado de manera directa, pero aún no obtuvo respuesta. Mientras tanto, Santa Fe sigue aportando recursos propios, como toneladas de asfalto, para tareas de emergencia en rutas que no le corresponden.
En Córdoba, la situación también es crítica. El derrumbe de un puente peatonal sobre la Ruta Nacional 7, entre Vicuña Mackenna y Villa Pueyrredón, encendió las alarmas. El puente, inaugurado en 2017, fue destruido tras ser impactado por un camión y la ruta estuvo cortada durante días. La falta de respuesta de Vialidad Nacional generó un fuerte reclamo del gobernador Martín Llaryora, quien denunció públicamente la falta de mantenimiento y alertó sobre los riesgos para la seguridad vial. Desde su administración no descartan avanzar en un reclamo conjunto con otras provincias para exigir un esquema más justo de distribución de recursos.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres firmó un acta compromiso con intendentes y legisladores para reclamar el mantenimiento urgente de la Ruta Nacional 40. El deterioro de esa vía, clave para la conectividad de la región, es tal que el gobierno provincial está dispuesto a asumir su conservación con fondos propios. Torres explicó que, tras lograr un esquema de desendeudamiento con la Nación que libera alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales, parte de esos fondos se destinarán a mejorar rutas, instalar balanzas para controlar el peso de camiones —especialmente del transporte internacional— y garantizar mayor seguridad vial. “Si la Nación no lo hace, lo haremos nosotros, y quienes más la usan deberán pagar”, afirmó el gobernador, dejando abierta la posibilidad de implementar un esquema de peaje o tasa vial provincial.
Pese a los reclamos, ninguno de estos gobernadores se ha posicionado como oposición al Gobierno nacional. Muy por el contrario, todos ellos han acompañado en términos generales el rumbo económico y político impulsado por Javier Milei, aprobando en el Congreso sus principales proyectos, como la Ley Bases y el paquete fiscal. Esta dinámica —de apoyo institucional y, al mismo tiempo, visibilización de las consecuencias concretas del ajuste— refleja el delicado equilibrio que muchas provincias intentan sostener frente a una Nación que retacea recursos pero concentra poder.
Los carteles rojos en Santa Fe y Córdoba, y la decisión de Chubut de avanzar con recursos propios, no son solo respuestas puntuales sino también señales de una tensión creciente entre las provincias y el Gobierno central. La disputa por el control, el financiamiento y el cuidado del territorio vuelve a poner en discusión la organización federal del país, aunque por ahora sin romper los acuerdos políticos que sostienen el actual rumbo.
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