La Mecha EncendidaLa Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó 14 allanamientos en domicilios y oficinas relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la filtración de audios del ex titular Diego Spagnuolo que revelan presuntas coimas en contratos con droguerías.
Estos operativos, ordenados por la Justicia, incluyeron la sede de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, donde se secuestraron dólares –al menos US$200 mil a un empresario– y documentos que podrían probar irregularidades en acuerdos por más de 100 mil millones de pesos. Spagnuolo, buscado inicialmente, fue encontrado en un country y ahora enfrenta cargos por posible corrupción, en un caso que pone en jaque la integridad de fondos públicos destinados a apoyar a personas con discapacidad.
Los audios filtrados muestran conversaciones donde Spagnuolo supuestamente detalla pagos irregulares para adjudicar contratos, beneficiando a empresas como Suizo Argentina, que acumula acuerdos millonarios con el Estado. Esta situación no solo cuestiona la gestión de recursos, sino que afecta directamente a miles de familias que dependen de prestaciones como certificados médicos, pensiones y ayudas para transporte y medicamentos.
En un país donde más de 5 millones de personas viven con discapacidad, según el último censo, estos fondos son vitales para cubrir necesidades básicas que el ajuste económico ha hecho aún más inalcanzables.
Desde la perspectiva de los trabajadores de la ANDIS y de organizaciones que asisten a personas con discapacidad, este escándalo representa un golpe a su labor diaria. Empleados de la agencia, muchos de ellos con salarios que apenas siguen la inflación del 15,1% acumulada en 2025, se ven envueltos en un clima de desconfianza que complica su tarea de brindar apoyo.
Familias que esperan turnos para certificados o subsidios ahora temen que los recursos se desvían, dejando a niños y adultos sin acceso a terapias o equipamiento esencial. Hoy fue noticia la cantidad de gente que hacía cola en la Agencia de Discapacidad para reclamar por pensiones suspendidas.
El contexto de esta investigación se enmarca en una crisis más amplia en Argentina, donde políticas de ajuste han reducido el gasto social. En provincias como Santa Fe, donde la actividad económica cayó un 0,5% en mayo según la Bolsa de Comercio local, trabajadores informales –muchos con discapacidad– enfrentan desempleo del 7,9% y una informalidad del 36,3%.
La Justicia ahora analiza los secuestros, incluyendo billetes y registros de contratos, mientras Spagnuolo y directivos de la droguería enfrentan posibles imputaciones. La última información habla de la prohibición que hizo el juez de la causa de salir del país.
