Entre Ríos cambia su obra social y crecen las denuncias por recortes y control del gobierno

En un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional que golpea duro a las provincias, la Legislatura de Entre Ríos aprobó la disolución de la Obra Social de la Provincia (IOSPER), que cubre a más de 300.000 afiliados entre trabajadores estatales, sus familias y jubilados.

El proyecto, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, establece la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una nueva estructura que, según denuncian los gremios, responde al objetivo de garantizar la caja provincial a costa de recortes, pérdida de derechos y un previsible deterioro en las prestaciones.

Según diversas organizaciones sindicales y trabajadores nucleados en la Intersindical en Defensa de la obra social, detrás de la iniciativa no sólo hay una disputa sobre el control de la obra social, sino también la urgencia financiera del gobierno entrerriano en un escenario nacional de fuerte recorte a las provincias.

Martín Tactagi, secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de la seccional Paraná, explicó la relevancia de esta decisión ya que “es la segunda caja más importante de la provincia. El gobierno necesita de esa caja para poder gobernar. Corrió peligro el pago de los salarios de mayo, que se terminaron pagando en junio, y ahora están viendo cómo pagar el aguinaldo”.

“La necesidad de caja es imperiosa frente a un gobierno nacional que ajusta de una manera desmedida. No es casual que los gobernadores hayan firmado una nota conjunta contra los recortes que sufrieron las provincias por la baja de la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias, que son coparticipables”, denunció Tactagi.

El IOSPER estaba gestionado por un directorio con representación de siete sindicatos y un auditor del gobierno. La nueva OSER pasará a estar controlada por dos representantes del Poder Ejecutivo, que designará al director y dos representantes de los sindicatos mayoritarios en la paritaria provincial, que son UPCN y AGMER. “El director será designado por el gobierno y tendrá voto doble en caso de empate. La mayoría la tienen asegurada y nuestras acciones quedarán prácticamente reducidas a lo testimonial”, advirtió Tactagi. “Nosotros no vamos a ocupar esos lugares. Ya lo rechazamos.”

Desde los sindicatos denuncian que la actual intervención del IOSPER, encabezada por Mariano Gallegos y Ricardo García, quienes pasarán a dirigir la OSER, profundizó el ajuste sobre la obra social con prácticas que ya afectan la atención diaria. “Vemos recortes de prestaciones médicas, aumentos en los plus que no estaban permitidos, y prácticas médicas que ahora se cobran con órdenes impagables. Hay medicamentos que llegan con muchísimo atraso, incluso en tratamientos oncológicos donde el tiempo es vital. Lamentablemente, hemos perdido compañeros por estos retrasos”, relató el dirigente gremial.

También se teme una suba en el porcentaje de aporte que realizan los trabajadores. Actualmente es del 3% del salario, pero los sindicatos advierten que podría subir al 5% o al 6% en el corto plazo. Además, no descartan la implementación de esquemas segmentados por tipo de afiliación, lo que rompería con el principio solidario que hoy sostiene la obra social.

El secretario adjunto de AGMER Paraná explicó que “el IOSPER cubría a 300.000 afiliados, de los cuales solo 130.000 aportamos. El resto son familiares y adherentes. Es probable que ahora nos obliguen a pagar más por cada familiar o incluso armen distintos planes, como los de las prepagas: plan oro, plan plata, plan bronce. Eso ya estaba en los primeros borradores.”

La situación en Entre Ríos es una muestra de cómo las provincias comienzan a ajustar sobre sus propios servicios en medio del recorte nacional. La necesidad de sostener la gobernabilidad aparece como la prioridad del Ejecutivo entrerriano. “Creemos que lo que va a venir es una obra social que no funciona, pero que el Gobierno Provincial va a pagar el costo más barato. La otra alternativa era no tener dinero para la gobernabilidad y eso en esta provincia, que ya tiene historia, significaba probablemente que se le prenda fuego cuando no pueda pagar salarios”, analizó Tactagi.

Desde la Intersindical, que nuclea a gremios como ATE, AGMER, los empleados legislativos, judiciales, municipales y del IOSPER, junto a los jubilados, aseguran que continuarán organizados para enfrentar esta nueva etapa y sostener el acceso a la salud de los trabajadores. “Nos vamos a seguir reuniendo para pensar en conjunto cómo seguimos la pelea para que la cobertura, aun en estas condiciones nuevas, se siga realizando y ver qué medidas de acción tomaremos”, concluyó Tactagi. Lo que ocurre en Entre Ríos no es un hecho aislado: es parte del impacto directo que el ajuste nacional empieza a tener sobre los derechos sociales más básicos.