A un año de la Ley Bases: un país más chico, más pobre y más desigual

¿Qué hizo el Gobierno con esas herramientas? Ajustó, desmanteló, reprimió y benefició a los de siempre.

El saldo no es menor. En solo un año, el Estado se achicó brutalmente mientras los sectores concentrados de la economía ganaron espacio, poder y privilegios. A continuación, un repaso de lo que se hizo con los superpoderes:

 Reorganización del Estado y despidos masivos
El Decreto 339/2025 habilitó al Ejecutivo a intervenir, fusionar, disolver o modificar entes públicos, con excepción de algunos organismos sensibles como ANMAT, CONICET o la Justicia. A partir de allí se desató un proceso de intervenciones, auditorías y despidos masivos que afectó a miles de trabajadores del Estado.

Además, se reglamentó un nuevo régimen para el empleo público, habilitando evaluaciones, reubicaciones forzadas y cesantías sin causa. La motosierra no fue una metáfora.

 
Privatizaciones encubiertas y venta de activos estratégicos
El Gobierno ya dio los primeros pasos para privatizar o concesionar empresas estatales clave:

Enarsa
AySA
Nucleoeléctrica (NASA)
YCRT
Belgrano Cargas
SOFSE (Trenes)
Corredores Viales

Incluso el Banco Nación fue transformado en sociedad anónima, con el Estado como accionista mayoritario, abriendo la puerta a una futura privatización parcial o total. A pesar del rechazo popular, el plan privatizador sigue su marcha.

 
Ajuste brutal y desfinanciamiento social
Mientras se beneficiaba a las grandes empresas con desregulación y beneficios impositivos, el Gobierno avanzó en un ajuste sin precedentes:

• Subsidios recortados drásticamente: tarifas de luz, gas y transporte se dispararon.
• Jubilaciones licuadas con una fórmula que no recuperó lo perdido con la inflación.
• PROCREAR frenado, junto con la mayoría de los programas de vivienda.
• Cierre de Télam y vaciamiento del INCAA, que paralizó la producción cultural nacional.
• Desguace del CONICET y recortes en ciencia y tecnología.
• Universidades desfinanciadas, al borde del colapso.
• Importaciones liberadas, asfixiando a la industria nacional.
• Miles de despedidos en el Estado, incluyendo áreas estratégicas.
• Restricciones al derecho a huelga, en un intento de disciplinar la protesta social.
• Con la excusa del “orden”, se habilitó a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial.
• La protesta social fue criminalizada sistemáticamente.
• Las reformas laborales implementadas por decreto limitan la capacidad de respuesta de los sindicatos.
• El RIGI significó un paraíso para las grandes inversiones extranjeras. En este año se aprobó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años. Una entrega lisa y llana de soberanía económica, sin obligación de contratar mano de obra nacional ni de reinvertir en el país.

Con el vencimiento del plazo, el Ejecutivo ya no puede seguir dictando decretos al amparo de la Ley Bases. Sin embargo, todo lo que se hizo durante este año sigue vigente, salvo que el Congreso lo derogue expresamente. La Comisión Bicameral deberá revisar las medidas adoptadas, pero su efecto ya está consumado.

 Este año de “superpoderes” nos deja una lección clara: cuando el Congreso renuncia a legislar, la democracia se debilita. Las consecuencias de estas decisiones se van a estudiar por décadas. No por lo que se construyó, sino por todo lo que se destruyó en tiempo récord.

Que no nos vendan eficiencia cuando lo que están haciendo es ajuste salvaje. Que no nos hablen de libertad mientras cierran medios públicos y criminalizan la protesta. Que no nos digan que es por la gente, cuando todo está pensado para beneficiar a los mismos de siempre.