El veto presidencial ha generado una fuerte reacción en la sociedad, especialmente entre los jubilados, quienes han sido protagonistas de manifestaciones semanales frente al Congreso desde hace meses. Estas protestas, conocidas como los “miércoles de los jubilados”, han sido reprimidas en varias ocasiones, dejando un saldo de detenidos y heridos. La ONU instó al Gobierno a investigar el accionar policial en una de estas marchas, donde se registraron 46 heridos, incluido un fotógrafo que sufrió una fractura de cráneo.
La oposición política ha calificado el veto como un acto de crueldad. Desde Unión por la Patria, se expresó que “con el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, Javier Milei confirma una vez más su inhumanidad: motosierra para los más débiles”. Legisladores de distintos bloques han manifestado su intención de insistir con la ley en el Congreso, aunque necesitarán una mayoría de dos tercios para superar el veto presidencial.
Mientras tanto, la sociedad civil continúa movilizándose. El pasado 4 de junio, una multitud heterogénea se congregó frente al Congreso para protestar contra los recortes estatales implementados por el Gobierno. La manifestación reunió a jubilados, docentes, médicos, científicos y movimientos sociales que exigen el cese de medidas de austeridad que afectan sectores críticos como salud, educación y ciencia.
La persistencia de las protestas y la firmeza del Gobierno en su política de ajuste han generado un clima de tensión creciente en el país. El veto a la ley de jubilaciones se suma a una serie de medidas que han afectado a los sectores más vulnerables, mientras que las grandes empresas han sido beneficiadas por la desregulación económica.
En este contexto, los “miércoles de los jubilados” se han convertido en un símbolo de resistencia frente a un modelo económico que, según denuncian los manifestantes, prioriza el equilibrio fiscal por sobre el bienestar de la población.
