El presidente Javier Milei cumplió su amenaza y vetó la ley aprobada por el Congreso que otorgaba un aumento del 8,1% a las jubilaciones y establecía una nueva fórmula de movilidad. En su cuenta de X, Milei justificó la decisión afirmando: “No voy a permitir que repitan el desastre fiscal que nos empobreció”.
Nacionales04/06/2025 Redacción LMEEl veto presidencial ha generado una fuerte reacción en la sociedad, especialmente entre los jubilados, quienes han sido protagonistas de manifestaciones semanales frente al Congreso desde hace meses. Estas protestas, conocidas como los “miércoles de los jubilados”, han sido reprimidas en varias ocasiones, dejando un saldo de detenidos y heridos. La ONU instó al Gobierno a investigar el accionar policial en una de estas marchas, donde se registraron 46 heridos, incluido un fotógrafo que sufrió una fractura de cráneo.
La oposición política ha calificado el veto como un acto de crueldad. Desde Unión por la Patria, se expresó que “con el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, Javier Milei confirma una vez más su inhumanidad: motosierra para los más débiles”. Legisladores de distintos bloques han manifestado su intención de insistir con la ley en el Congreso, aunque necesitarán una mayoría de dos tercios para superar el veto presidencial.
Mientras tanto, la sociedad civil continúa movilizándose. El pasado 4 de junio, una multitud heterogénea se congregó frente al Congreso para protestar contra los recortes estatales implementados por el Gobierno. La manifestación reunió a jubilados, docentes, médicos, científicos y movimientos sociales que exigen el cese de medidas de austeridad que afectan sectores críticos como salud, educación y ciencia.
La persistencia de las protestas y la firmeza del Gobierno en su política de ajuste han generado un clima de tensión creciente en el país. El veto a la ley de jubilaciones se suma a una serie de medidas que han afectado a los sectores más vulnerables, mientras que las grandes empresas han sido beneficiadas por la desregulación económica.
En este contexto, los “miércoles de los jubilados” se han convertido en un símbolo de resistencia frente a un modelo económico que, según denuncian los manifestantes, prioriza el equilibrio fiscal por sobre el bienestar de la población.
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El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y la absorción de sus funciones por parte del Ministerio de Salud, en una medida que genera fuertes críticas de organizaciones sociales y gremiales.
El sindicato La Fraternidad confirmó la cancelación definitiva de los servicios de larga distancia, denunciando un "lock-out" patronal que utiliza reparaciones de infraestructura como excusa para el recorte.
A pocos días de finalizar el año, las estadísticas oficiales revelan una crisis de seguridad vial sin precedentes, consolidando a los siniestros de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás de los homicidios.
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Frente al avance de discursos que priorizan el mérito personal sobre el bienestar colectivo, un grupo de recolectores de residuos en el interior bonaerense transformó su aguinaldo en una cena navideña para cientos de vecinos, activando una red de donaciones espontáneas que reafirma la vigencia de los lazos comunitarios en el país.
La excarcelación del excomisario condenado por crímenes de lesa humanidad generó una fuerte reacción social, encabezada por Analía Kalinec, quien denunció que su padre carece de arrepentimiento por las torturas cometidas y advirtió sobre el peligro de su reinserción en la comunidad.
En medio de un fuerte hermetismo oficial, la entidad monetaria informó que no posee registros administrativos de la colocación de lingotes en centros financieros internacionales, lo que desató una crisis de transparencia y una intimación judicial para que se revele el destino final de los activos nacionales.
En un giro radical de la política de salud pública, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Estado dejará de adquirir fármacos a laboratorios que manipulen precios y autorizó la importación directa desde mercados internacionales para combatir el acaparamiento y la especulación corporativa.
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Se acerca el año 2026 y se suelen hacer balances en todos los niveles de nuestra vida, donde la actividad de las organizaciones políticas, sindicales, sociales, intermedias y comunitarias debería estar incluida en los mismos.
Bajo la excusa burocrática de nuevos controles, la ocupación expulsará a 37 ONG vitales para la supervivencia, en lo que representa una nueva fase del plan de exterminio contra el pueblo palestino.
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