La legisladora de Unión por la Patria denuncia privilegios y busca explicaciones sobre el traslado de 19 represores a una cárcel en dependencias militares a Campo de Mayo
Nacionales13/05/2025 REDACCIÓN LMELa diputada Cecilia Moreau, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar la interpelación, con carácter de urgencia, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el reciente traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a una unidad penitenciaria ubicada en Campo de Mayo.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de otros legisladores de Unión por la Patria, busca esclarecer las circunstancias y justificaciones detrás de esta decisión, que ha generado fuerte controversia y rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos.
Traslado a Campo de Mayo: Denuncias de Privilegios
El traslado de los represores, entre los que se encuentra Alfredo Astiz, desde la cárcel de Ezeiza a una unidad penitenciaria en Campo de Mayo, ha sido objeto de críticas debido a las condiciones especiales que se atribuyen a este lugar. Se denuncia que la nueva ubicación ofrece un régimen de detención más flexible y con mayores comodidades, lo que se considera un trato privilegiado para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Según la información disponible, el gobierno argumenta que el traslado se debió a razones de seguridad y operatividad del sistema penitenciario. Sin embargo, la diputada Moreau y otros legisladores cuestionan esta explicación y exigen a la ministra Bullrich que brinde detalles precisos sobre los motivos que llevaron a esta decisión.
Exigencia de Explicaciones y Transparencia
El proyecto de resolución presentado por Moreau busca que la ministra Bullrich comparezca ante la Cámara de Diputados para responder a una serie de preguntas sobre el traslado, incluyendo:
Las razones específicas que justificaron el traslado.
Las condiciones de detención en la nueva ubicación y las diferencias con la cárcel de Ezeiza.
Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las condenas.
El protocolo seguido para la toma de esta decisión y la participación de otras dependencias gubernamentales.
La diputada Moreau expresó su preocupación por el mensaje que este traslado envía a la sociedad, especialmente a las víctimas y familiares de los desaparecidos durante la última dictadura militar. "No podemos permitir que se otorguen privilegios a quienes cometieron crímenes aberrantes contra la humanidad", afirmó la legisladora.
Reacciones y Contexto Político
El traslado de los represores ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y social. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su repudio y exigido la revocación de la medida. Desde el gobierno, se insiste en que el traslado responde a criterios técnicos y de seguridad, y se niegan las acusaciones de privilegios.
La solicitud de interpelación de la ministra Bullrich se produce en un contexto de creciente tensión política, con fuertes críticas al gobierno por sus políticas en materia de seguridad y derechos humanos.
"Es inaceptable que se otorguen beneficios a genocidas. Exigimos que la ministra Bullrich dé explicaciones claras y transparentes sobre este traslado", declaró la diputada Moreau.
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La iniciativa busca proteger a la industria textil y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas de la "competencia desleal" de plataformas extranjeras, acusadas de destruir la producción nacional y el empleo local al eludir el comercio convencional.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le quitó un inmueble histórico que había sido otorgado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en 2023. La medida, que forma parte de la política de optimización del patrimonio estatal, se basa en que la propiedad se encontraba desocupada desde hace aproximadamente una década.
El gigante fundado por Marcos Galperin se beneficia de un fuerte aumento en los subsidios fiscales del Estado argentino, superando los USD 350 millones acumulados en los últimos cinco años. La situación genera ruido justo cuando el Gobierno discute una reforma profunda en el sistema tributario nacional.
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