El gas para arriba

Tal como anticipó la Secretaría de Energía a fines del año pasado, el aumento en las tarifas, tanto de luz como de gas, es del 17 al 20 por ciento, bien por debajo de la inflación prevista para el 2022. En el caso del gas, como resultado de las audiencias públicas celebradas en enero, el Enargas habría autorizado a las distribuidoras Metrogas, Naturgy y Distribuidora Gas del Centro un incremento de los ingresos del 42 por ciento en promedio. Ese número se constituye de una suba del valor de distribución del 35 por ciento para hogares y GNC y del 70 por ciento para los grandes usuarios. Asimismo, las empresas transportistas obtuvieron un aumento de sus ingresos del 55 por ciento.

Con todo, el alza que deberían enfrentar los usuarios no supera el 20 por ciento. En el caso de las pymes, sería del 15 por ciento. En ambos casos, se trata de un número bastante menor que la suba que reciben las empresas. La diferencia radica en que el componente del precio del gas en boca de pozo, que explica cerca del 40 por ciento del precio final del servicio, queda por ahora sin cambios.

Subsidios
Como los subsidios se concentran en el precio del gas, la medida no implica un cambio contundente en la factura fiscal, que es uno de los nudos del principio de acuerdo con el FMI. Resta ver si la Secretaría de Energía y el equipo del ministro Martín Guzmán mueven el precio del recurso que afrontan los usuarios finales.

El problema a nivel político y macroeconómico es que el Gobierno tiene la necesidad de reducir la boleta de subsidios para controlar el desequilibrio fiscal en el marco de un acuerdo con el FMI. La propia Secretaría de Energía presentó un informe en donde sostiene que si se mantiene el actual nivel de subsidios, donde el Estado cubre el 70,9 por ciento del precio del gas, el costo fiscal asciende a 216.365 millones de pesos.

Sin embargo, el Presupuesto 2022, rechazado por el Congreso, contabilizaba recursos públicos por 135.300 millones de pesos para subsidiar la demanda de gas. Por lo tanto, para mantener el precio del gas en boca de pozo sin cambios para los usuarios finales sería necesario que el Estado incremente su aporte en 81.059 millones de pesos.

Una reducción del peso de los subsidios desde el 70,9 por ciento vigente en la actualidad del precio del gas hasta el 44,4 por ciento permitiría mantener las partidas vigentes. De acuerdo al análisis oficial, esa reducción en los subsidios implicaría una suba en las tarifas de 34 por ciento en la factura de marzo y superior al 45 por ciento en julio, el mes de mayor demanda y de mayores precios del gas. Son incrementos que superan a la pauta de 17 a 20 por ciento que anticipó el Gobierno para la suba de los servicios de luz y gas.

Un factor de presión adicional es la disparada del precio internacional del gas, que va a impactar en el precio promedio del gas en el país a mediados de año cuando se deban importar cargamentos de GNL a través de los buques regasificadores y también combustibles líquidos. 

Por otro lado, los aumentos tarifarios no sólo son antipáticos políticamente sino también presionan la inflación, lo cual afecta al poder adquisitivo del salario y otros ingresos y en consecuencia, las ventas, el empleo y la inversión. El año pasado, con tarifas prácticamente congeladas, la suba general de precios fue del 50,9 por ciento. 

En 2021, el informe técnico elaborado por la secretaría de Energía indicaba que para hacer frente a los mayores costos del gas y no disparar los subsidios, el precio del recurso en boca de pozo debía incrementarse un 35 por ciento. Ese valor no se aplicó y el incremento que recibieron las distribuidoras redundaron en una suba tarifaria de apenas el 6 por ciento.