Calvo presentó el texto en el cual sostiene que “el primer paso para paliar la situación de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones políticas, tal como lo sostiene el gobernador Omar Perotti”.
En ese sentido, el proyecto del legislador oficialista por el departamento Castellanos manifiesta que el objeto de la ley es “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial a los efectos de disponer de los servicios policiales como instrumentos fundamentales para el control y conjuración de las violencias y las problemáticas criminales”.
En los fundamentos del proyecto, el senador afirma que “los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”. Y sostiene que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal, vinculada o no a hechos delictivos”.
La iniciativa ya se encuentra en las distintas comisiones del Senado y tiene pautado su tratamiento preferencial para la próxima sesión de la Cámara alta o, si el gobernador Omar Perotti así lo dispusiera, su tratamiento en eventuales sesiones extraordinarias.
Entre los artículos del proyecto se detallan las “acciones sobre aspectos funcionales, orgánicos, operacionales y de personal” de la policía santafesina, que incluye modificar la estructura orgánica y funcional de la fuerza “creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias”; “reajustar y racionalizar” los recursos humanos con cambios de funciones, dependencias y destinos; asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas; afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, con su anuencia, para tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales y priorizar el destino de los policías a tareas específicas; optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la policía; y “adquirir recursos materiales” para tales fines.
En otro de los apartados, el proyecto crea el “Programa de Emergencia en Seguridad” destinado a erogaciones en los rubros construcciones, maquinaria y equipos además del equipamiento de seguridad que se financiarán con un aporte del Tesoro provincial por hasta 3 mil millones de pesos; el 15% del Fondo de Equipamiento Policial creado por reglamentación del Servicio de Policía Adicional; el 50% de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial; aportes provenientes de programas del Estado Nacional u organismos internacionales.
Las compras a efectuar en el marco de ese programa, dice Calvo, deberán realizarse mediante la legislación vigente y establece límites para las licitaciones además de resguardar el “análisis de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas” que “deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días de comunicados con sus antecedentes”.
“Las rendiciones de cuentas, con la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por cada uno de los órganos policiales a los que el Ministerio de Seguridad asigne fondos especiales se remitirán a la Comisión Bicameral” que crea esta ley.
Al proyecto presentado por Calvo deben sumarse otros que ya presentaron legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP)
