La divulgación del documento, que sirve de argumento a la propuesta del país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para que Estados Unidos cese su política de cerco, fue pospuesta por las afectaciones al organismo mundial por la COVID-19.
Esa iniciativa de La Habana para que Washington ponga fin al cerco económico, financiero y comercial, y más, tuvo la aprobación durante 28 votaciones anuales por parte de la AGNU.
El respaldo a la propuesta cubana resulta abrumador en tal escenario, donde Estados Unidos quedó prácticamente aislado de la comunidad internacional. Durante la última votación, a fines de 2019, la iniciativa de Cuba alcanzó 187 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
En esa ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores cubano afirmó ante el plenario de la Asamblea General que Estados Unidos no esconde su intención de asfixiar a su país. Desde entonces el gobierno del presidente Donald Trump aplicó más de un centenar de medidas con tal propósito. Todo ocurrió a pesar de que la nación caribeña está enfrascada en el enfrentamiento a la COVID-19.
Una de las secuelas del bloqueo en tal sentido fue que una empresa con la cual Cuba había contratado la compra de ventiladores pulmonares, vitales en las salas de terapia, se desligó del compromiso adoptado, tras ser adquirida por una firma estadounidense, que responde a los dictados de Washington.
Según La Habana, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 el bloqueo originó pérdidas en el orden de los cuatro mil 343,6 millones de dólares.
Para tal fecha, y en precios corrientes, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de la política de cerco acumulaban los 138 mil 843 millones de dólares.
Aquel informe aseguró que acorde a la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo provocó hasta entonces perjuicios cuantificables por más de 922 mil 630 millones de dólares.
Pero la historia no terminó ahí.
En el último período el gobierno de Trump se ensañó con Cuba, a la cual incluso provocó lo que el presidente Miguel Díaz-Canel calificó con el eufemismo de 'coyuntura energética'.
Se trató de cortar el suministro de portadores de combustible, lo cual se materializó con sanciones y presiones a las empresas suministradoras, aseguradoras e incluso buques. Llegó al extremo de que un barco petrolero, en puerto cubano, recibiera la orden de no descargar el vital suministro.
En tal persecución las empresas cubanas encargadas de contratar los portadores energéticos necesarios para hacer funcionar el país fueron incluidas en una abultada lista negra con la cual el Departamento del Tesoro aplica castigos a sus contrapartes.
En ese listado entraron hoteles, cadenas de tiendas de suministros de productos de la canasta básica a los cubanos, los principales afectados por tales acciones.
No resulta extraño, pues hace más de 60 años un alto funcionario de la Casa Blanca emitió un documento que se convirtió en modus operandis desde entonces contra la Cuba revolucionaria.
El 6 de abril de 1960 Lester D. Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los Asuntos Interamericanos, en un memorándum secreto del Departamento de Estado definía:
“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba…”.
Y agregaba: “una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
Fuente:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/cuba-presentara-informe-de-danos-por-bloqueo-de-ee-uu/#.X5HtCVhKiM-
