El Salado: una herida que la memoria oficial se niega a cicatrizar

Es una historia que parece no hacer pie en el imaginario colectivo, que se escurre entre los pliegues de una ciudad que a veces prefiere olvidar y de muchas instituciones oficiales que, año tras año, guardan un silencio cómplice. 

Esa ausencia de memoria no es casual, es el resultado de una construcción política y mediática diseñada para que los responsables escapen al castigo de la conciencia popular mientras las víctimas se hundían en el frío.

La tragedia no comenzó aquel lunes de lluvias intensas; se gestó en los despachos de los noventa, cuando la lógica de la delegación de la obra pública al sector privado primaba sobre la seguridad de la gente. La empresa Benito Roggio ganó la licitación de la avenida de circunvalación con una oferta sospechosamente baja, que luego fue compensada mediante decretos directos del gobierno de Carlos Reutemann para continuar los tramos restantes.

El diseño de la obra fue la trampa perfecta: se eliminaron aliviadores esenciales bajo el puente de la autopista, generando un efecto embudo que elevó el nivel del agua dos metros por encima de lo normal en el sector norte. Mientras las alertas bajaban desde el norte provincial, las autoridades miraron hacia otro lado, ignorando los informes técnicos que vaticinaban lo inevitable.

La prueba irrefutable de que no se trató de un capricho de la naturaleza, sino de un error de ingeniería criminal, quedó plasmada en la obra que el propio Estado debió realizar años después: la ampliación del puente sobre la autopista. La estructura original, que con sus mezquinos 150 metros de ancho actuó como un dique, fue reemplazada por una luz de 600 metros.

Esta intervención posterior es la confesión silenciosa de los inundadores; si esa obra hubiera estado desde el principio, Santa Fe no se inundaba. Fue la desidia de un gobierno que permitió que una empresa privada se llenara los bolsillos con una construcción que terminó siendo una condena a muerte para el sector oeste de la ciudad.

El desprecio estatal se manifestó en cada centímetro que subía el agua: desde la falta de aviso previo —aquel "a mí nadie me avisó" que quedó grabado como el epítome del cinismo— hasta el manejo posterior de las cifras de fallecidos.

La vulnerabilidad de los vecinos fue utilizada como moneda de cambio; se obligó a miles de personas que lo habían perdido todo a firmar renuncias a juicios para poder cobrar un subsidio miserable de 4.500 pesos.

Hoy, la impunidad parece ser el sedimento que dejó la bajante. El ex corredor nunca pasó por tribunales y los medios, dependientes de la pauta, ayudaron a diluir el reclamo.

A veintitrés años, volver a contar esta historia es un acto de resistencia necesario para que la memoria social finalmente adquiera la carnadura que la justicia le negó.

Tenemos la obligación de recordar para construir Memoria