Se multiplican las demandas judiciales contra la Andis por corte de pensiones

Matías M. tiene 39 años y fue diagnosticado con Quetarocono, una enfermedad poco frecuente que causa el adelgazamiento progresivo de la córnea. Está desempleado y anotado en la lista de espera del Incucai para recibir un trasplante de ese tejido. En 2023, logró que el Estado le reconozca su derecho a percibir una pensión no contributiva por invalidez. Pero en diciembre del 2024, se encontró con que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) le cortó el pago del beneficio de un día para otro y sin ningún tipo de aviso.

Lo mismo le pasó a Andrés B., 45 años. En su caso, tiene hemiparesia, una discapacidad que provoca la parálisis parcial de una parte del cuerpo. Impedido de trabajar, atraviesa una situación profundamente angustiante al carecer de ingresos que le permitan hacer frente a necesidades médicas y hasta de alimentación. Desde mayo no percibe su pensión.

Unos meses más tarde, en agosto, Andis canceló la asistencia económica de Máximo B., que tiene 20 años y un trastorno generalizado del desarrollo.

Habla poco, dibuja y asiste a una escuela especial de doble jornada. Como el año que viene se recibe, sus padres están en la búsqueda de un Centro de Día. Hasta el momento, sus terapias fueron afrontadas en parte gracias al programa Incluir Salud, que da cobertura médico-asistencial a titulares de pensiones no contributivas, como era su caso. Cuando los familiares fueron a reclamar a Anses, la respuesta los sorprendió: les dijeron que la Andis decidió realizar una «suspensión preventiva» del pago del beneficio, que se llevó a cabo «sin notificación previa de ninguna índole, y sin dar oportunidad de producir prueba del derecho a recibir la prestación».

Los casos sintetizados en los párrafos anteriores son apenas un puñado de los cientos que se presentaron a la Justicia a reclamar contra la Andis. Todos reflejan, con sus particularidades, la desesperación, angustia y enojo que viven quienes poseen alguna enfermedad o incapacidad y el Estado les cortó de forma arbitraria un ingreso económico clave para subsistir frente a una situación de alta vulnerabilidad.

Un común denominador
Hay un común denominador que aparece al leer muchas de las demandas presentadas en la Justicia a lo largo y a lo ancho del país, que es el destrato del organismo en cuestión.

Quienes lo padecen desde hace meses relatan en sus presentaciones judiciales no solo que nunca fueron notificados previamente de la realización de auditorías y la suspensión de los pagos, si no también la falta de respuestas a la hora de reclamar y esgrimir con desesperación las razones humanitarias por las que necesitan los haberes.

Muchos se quedaron de un día a otro sin terapias, sin medios de transporte y sin medicamentos luego de que el gobierno de Javier Milei pasó la motosierra en su afán de lograr el equilibrio fiscal.

Frente a ese escenario de inhumanidad estatal, muchos son los que optaron por iniciar una acción de amparo en la Justicia, con el objetivo de que se le ordene a la Andis la reinstauración de los Certificados Únicos de Discapacidad y las pensiones. El sistema de consultas públicas del Poder Judicial de la Nación permite ver que prácticamente todos los días se presentan demandas similares en los distintos juzgados de todo el país.