La Mecha EncendidaEl gobierno de Javier Milei lanza su primer gran proyecto emblemático: la concesión de la Ruta del Mercosur, que comprende 741 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, incluyendo el puente Rosario–Victoria.
A contramano de su discurso libertario —que prometía privatizar la infraestructura y reducir el rol del Estado—, la obra se financiará mediante un crédito de $56.000 millones otorgado por el Banco BICE, que depende del Ministerio de Economía.
Esta cifra supera los $49.000 millones que Vialidad Nacional destina al gasto mensual de mantenimiento vial a nivel nacional.
Contradicción entre discurso y práctica
Según el análisis del medio, ninguna de las empresas constructoras participantes estuvo dispuesta a arriesgar capital propio. Por ello, el gobierno ofreció financiamiento público para que estos grupos privados ejecuten la obra. Esto pone en evidencia lo que muchos críticos llaman “capitalismo de amigos”: el Estado interviene directamente para subsidiar grandes consorcios.
Además, mientras se recorta el presupuesto de mantenimiento vial (con una caída del 73 % según el artículo), se destinan recursos considerables a esta megaobra que, según el medio, favorecerá fundamentalmente al agronegocio y las grandes empresas exportadoras.
Timing electoral y beneficios concentrados
El lanzamiento de la licitación ocurre pocas semanas antes de las elecciones del 26 de octubre. En ese sentido, el medio sugiere que el gobierno busca mostrar resultados visibles para contrarrestar la crisis económica y los escándalos de corrupción.
Entre los oferentes figuran grandes constructoras del país como Autovía Construcciones (del Grupo Cartellone), Benito Roggio o Panedile, agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción.
Críticas apuntan al uso estratégico del Estado
El artículo señala que el Banco BICE, bajo la conducción de figuras cercanas al ministro Luis Caputo, es usado como herramienta para financiar proyectos que benefician a privados aliados al poder.
Se cuestiona además la consistencia del discurso oficial de que “no hay recursos” para áreas clave como salud y educación, mientras se habilitan líneas millonarias para obras con alto perfil político.
