Tras la inundación de marzo, el Ejército había instalado estructuras para restablecer la circulación en zonas clave. Ahora, el Ministerio de Defensa reclama un canon millonario por su uso y advierte que podrían ser retiradas si el municipio no paga.
Nacionales17/10/2025
La Mecha EncendidaLuego de la inundación que destruyó gran parte de la infraestructura vial en Bahía Blanca, el gobierno nacional había dispuesto la colocación de puentes modulares tipo Bailey en puntos estratégicos, especialmente sobre el Canal Maldonado, para garantizar la conexión entre barrios que habían quedado aislados.
Siete meses después, esas mismas estructuras están en el centro de un conflicto: la Nación exige el pago de un alquiler millonario por su utilización y amenaza con retirarlas si el municipio no firma los convenios de pago.
De acuerdo con los decretos municipales 2188 y 2189, Bahía Blanca deberá abonar 17.670.949 pesos por cada puente durante un período de tres meses, además de un seguro por 8.417.134 pesos. En total, el monto supera los 43 millones de pesos por dos puentes metálicos que continúan siendo imprescindibles para el tránsito local.
El secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, confirmó la situación y reconoció que el municipio no tuvo margen para negociar. “Si no lo hacíamos, se los llevaban”, explicó.
La frase expone la tensión que atraviesa la gestión local, que todavía enfrenta serias dificultades para reconstruir la infraestructura destruida por el temporal.
Desde el Concejo Deliberante, el concejal Pablo Daguerre cuestionó la medida del gobierno nacional y sostuvo que podría haberse utilizado la figura del comodato, que permite la cesión temporal sin costo en casos de emergencia. “Cobrarle a una ciudad en estado de desastre es una falta total de empatía institucional”, señaló.
La amenaza de retiro preocupa especialmente a los vecinos de los barrios afectados, donde los puentes provisorios siguen siendo la única vía de conexión.
Las obras definitivas para reconstruir los puentes de hormigón están proyectadas a varios años, por lo que el retiro de las estructuras implicaría volver a aislar zonas completas de la ciudad.
El caso generó amplio repudio en Bahía Blanca y expuso la falta de coordinación entre Nación y municipio en el proceso de reconstrucción.
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