La Mecha EncendidaEn un fallo que genera controversia, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 1 decretó hoy el procesamiento sin prisión preventiva de Héctor Jesús Guerrero, el cabo primero de Gendarmería Nacional acusado de disparar una granada de gas lacrimógeno directamente a la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo durante una represión policial en una manifestación frente al Ministerio de Seguridad. El incidente ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de operativos ordenados por la ministra Patricia Bullrich para dispersar protestas, dejando a Grillo con secuelas graves que aún requieren intervenciones médicas.
La resolución, firmada por la jueza federal María Servini –con intervención de los secretarios Agustín Juan Miragaya y María Servini–, considera prima facie la responsabilidad penal de Guerrero por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con abuso de armas agravado por el mismo motivo (artículos 45, 91, 55, 80 inciso 9°, 92, 104 y 105 del Código Penal de la Nación –CPN–). Los hechos imputados involucran al menos cinco oportunidades en las que los delitos se reiteraron de forma real, agravando la calificación penal.
Pese a la gravedad de los cargos –que incluyen tentativa de homicidio agravada según la querella impulsada por la familia de Grillo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos–, el juez evaluó las condiciones personales del imputado y optó por el procesamiento en libertad, rechazando la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los damnificados. Guerrero, quien se declaró inocente durante su indagatoria el 17 de septiembre, argumentó que actuó bajo protocolos, aunque un informe interno de Gendarmería desmiente la versión oficial de Bullrich al afirmar que no existen normas que autoricen disparos directos de lanzagases contra manifestantes.
Como medida cautelar, el fallo ordena un embargo preventivo sobre los bienes y dinero de Guerrero por un monto de 203 millones de pesos, equivalente a la reparación del daño estimada, instruyendo el labrado del mandamiento de embargo y la formación del incidente respectivo (artículo 518 del CPN). Esta suma busca cubrir los costos médicos y las secuelas permanentes de Grillo, quien a cinco meses del ataque sigue en delicado estado de salud y ha requerido múltiples cirugías.
El caso ha movilizado a organizaciones periodísticas como la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que marcharon al Congreso el 11 de septiembre exigiendo justicia y la declaración de Guerrero, procesado tras un pedido de la querella el 29 de septiembre. Una reconstrucción del disparo realizada el 12 de agosto en un predio de General Rodríguez confirmó detalles clave sobre el proyectil impactado en la cabeza de Grillo, fortaleciendo la acusación contra el gendarme.
La madre de Grillo, en una emotiva carta a la jueza Servini fechada el 27 de septiembre, expresó: "No quiero venganza, quiero justicia", y apuntó directamente a Bullrich por su rol en la represión, que ha sido cuestionada por violar protocolos internacionales de uso de la fuerza. Hasta el momento, ni la defensa de Guerrero ni el Ministerio de Seguridad han emitido comentarios sobre el fallo.
