La Mecha EncendidaLos propios datos oficiales cuestionan la efectividad de focalizar la política pública en estos sectores, señalando una desproporción con los perfiles reales de los autores de delitos graves.
Una publicación oficial del gobierno de Santa Fe en sus redes sociales generó un intenso debate en la provincia. Un video, difundido como muestra de la "lucha contra la inseguridad", documenta operativos que culminan con la detención de jóvenes de barrios vulnerables que se desempeñaban como cuidacoches o "trapitos".
La efectividad comunicacional del mensaje oficial es, para analistas, tan contundente como cuestionable. Mientras las imágenes buscan proyectar una imagen de mano firme, especialistas en seguridad y organizaciones de derechos humanos advierten que esta estrategia criminaliza la pobreza y no aborda las causas estructurales de la delincuencia.
La crítica: "Fuertes con los débiles, débiles con los fuertes"
El principal cuestionamiento radica en la desproporción entre el despliegue policial contra estos jóvenes y la investigación de delitos complejos. Según se analiza desde la criminología crítica, los autores materiales de los hechos que más alarma social generan –homicidios, narcomenudeo a gran escala, robos agravados– rara vez pertenecen a este perfil de baja peligrosidad.
Un repaso por los últimos cinco crímenes de alto impacto ocurridos en la provincia revela que en ninguno de los casos los imputados fueron "trapitos" o cuidacoches. Este dato parece contradecir la narrativa oficial que presenta esta actividad como un foco central de la inseguridad.
"Lo que vemos es una vez más la misma lógica: se persigue y se muestra como trofeo a los eslabones más débiles de la cadena del delito, que son estos jóvenes en situación de marginalidad, mientras las estructuras que realmente controlan el crimen organizado permanecen intocables", señaló una fuente especializada en seguridad que prefirió mantener su anonimato.
La respuesta oficial y el debate de fondo
Desde el gobierno provincial, la publicación del video se enmarca en una política de "tolerancia cero" y de recuperación del espacio público. Argumentan que cualquier infracción, por menor que sea, debe ser perseguida para generar una sensación de orden.
Sin embargo, los críticos insisten en que esta mirada es simplista. Organizaciones sociales plantean que la solución para estos jóvenes no pasa por la detención y la estigmatización, sino por la creación de oportunidades reales de inclusión a través del trabajo, la educación y programas sociales serios.
