El gobierno de Santa Fe presentó una oferta salarial a los empleados estatales que incluye un aumento del 7% para el período de julio a diciembre de 2025. Este incremento se aplicará de manera escalonada, comenzando con un mínimo garantizado de 40 mil pesos que se pagará este mismo mes a través de una planilla complementaria. Además, la propuesta incorpora mejoras específicas, como la jerarquización de un suplemento para el personal de salud y la extensión del presentismo a los asistentes escolares, reconociendo en parte las demandas de estos sectores. Sin embargo, desde la perspectiva de los trabajadores, esta medida aparece como un paliativo limitado que no aborda las pérdidas acumuladas por la inflación y el aumento en el costo de vida.
La oferta llega en un momento de tensión en las paritarias, donde los gremios como UPCN y otros sindicatos estatales han expresado su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo. Aunque no se detallan reacciones inmediatas en los informes disponibles, el contexto general de reclamos laborales en la provincia sugiere que los trabajadores ven este 7% como un avance mínimo. Para entender su impacto, es clave comparar este porcentaje con la realidad económica. La inflación acumulada en Argentina hasta junio de 2025 alcanzó el 15,1%, según datos del INDEC, con una variación mensual de 1,6% en ese mes. En Santa Fe, el índice de precios al consumidor subió un 1,9% en junio, lo que indica una presión mayor en la región. Si se proyecta hasta diciembre, con estimaciones mensuales alrededor del 1,7% a 1,8% según el Banco Central, la inflación semestral podría superar el 10%, dejando el aumento propuesto por debajo de las necesidades reales.
Esta brecha significa que los empleados estatales continúan perdiendo terreno. Desde 2016 hasta 2025, los salarios del sector público en Santa Fe han sufrido una caída promedio del 30% en poder adquisitivo, según estudios independientes. El salario promedio de un empleado estatal en la provincia ronda los 444 mil pesos mensuales, con variaciones según el cargo: un docente titular puede ganar entre 191 mil y 6 millones, mientras que un auxiliar administrativo oscila entre 177 mil y 639 mil. Con un aumento del 7%, un trabajador con sueldo base de 400 mil pesos vería un incremento de unos 28 mil pesos en el semestre, pero esto no compensa el alza en bienes esenciales.
El costo de la canasta básica familiar en Santa Fe ilustra el problema. En julio de 2025, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó al menos 556 mil pesos para cubrir alimentos básicos en áreas como Reconquista, según relevamientos locales. Esto representa un aumento del 2% respecto al mes anterior, superando los ingresos de muchos hogares estatales. Factores como el endeudamiento familiar, la restricción al crédito y el incremento en tarifas de servicios agravan la situación, obligando a los trabajadores a priorizar gastos esenciales y postergar otros. En un contexto nacional de recesión, con desempleo al 7,9% y informalidad al 36,3%, los empleados públicos de Santa Fe enfrentan no solo salarios erosionados, sino también inestabilidad laboral, como se ve en cierres de pymes y suspensiones en industrias locales.
Movilizaciones recientes, como la Marcha de San Cayetano o reclamos por cobertura de salud en el IAPOS, reflejan el malestar general. Los trabajadores exigen no solo aumentos que sigan la inflación, sino también garantías para sectores vulnerables como la salud y la educación. Esta oferta, aunque incluye mejoras puntuales, no parece suficiente para revertir la tendencia de pérdida, dejando a miles de familias en una posición precaria donde el salario apenas alcanza para lo básico. La discusión paritaria continúa, y los sindicatos buscan presionar por ajustes más equitativos que prioricen la dignidad laboral sobre el equilibrio fiscal.
