La Respuesta de Milei al Revés Legislativo

Estas medidas, que benefician a colectivos vulnerables como jubilados, trabajadores informales y personas con discapacidad, fueron interpretadas por el Ejecutivo como un ataque directo a su política de equilibrio fiscal. En respuesta, Milei anunció que vetará todas las leyes aprobadas y, en caso de que el veto no prospere, judicializará la cuestión, argumentando irregularidades en la sesión legislativa.

Sin embargo, este planteo se sostiene sobre una base endeble, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel, a pesar de las tensiones con el oficialismo, presidió la sesión, otorgándole validez institucional.La Estrategia del Veto y el Argumento del Déficit FiscalJavier Milei, en un discurso pronunciado en el 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ratificó su intención de vetar las leyes aprobadas, calificándolas como un “acto de desesperación” de la oposición, a la que acusó de querer “destruir al Gobierno Nacional”.

El presidente argumentó que estas normas atentan contra el superávit fiscal, pilar central de su programa económico, y aseguró que su gobierno no aplicará ninguna ley con impacto fiscal, incluso si son sancionadas por el Congreso. El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esta postura en redes sociales, afirmando que “el equilibrio fiscal no se negocia” y que las leyes representan un intento de la “casta política” por volver a políticas de emisión e inflación. 
 
 
 
El impacto fiscal de las leyes aprobadas, según estimaciones del gobierno, podría alcanzar el 2,5% del PBI, siendo el aumento jubilatorio el componente más significativo. Por ejemplo, el incremento del 7,2% en los haberes previsionales y el bono de $110.000 para quienes perciben la jubilación mínima (anteriormente $70.000) podrían costar entre 0,1% y 0,2% del PBI, según cálculos basados en medidas similares previas. La moratoria previsional, que permite a personas sin 30 años de aportes acceder a una jubilación, podría añadir un 0,5% del PBI, mientras que la distribución automática de ATN y la emergencia en discapacidad representan costos adicionales, aunque menores. Milei y Caputo sostienen que estos gastos comprometen la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional, lo que podría generar volatilidad económica, como un aumento del riesgo país. 
 
Sin embargo, Milei minimizó el impacto potencial, argumentando que, incluso si el veto es rechazado y la justicia falla en su contra, el efecto económico sería “mínimo” y temporal, limitado a “dos meses” hasta las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando espera que La Libertad Avanza obtenga una mayoría que revierta estas medidas. Esta confianza en un triunfo electoral refleja su estrategia de polarizar el debate, presentando las leyes como una maniobra de la “casta” para obstaculizar su gestión. 
 
 La Polémica por la Legalidad de la SesiónEl gobierno intentó deslegitimar la sesión del Senado, calificándola como un “golpe institucional” organizado por el kirchnerismo y argumentando que fue “autoconvocada” sin el llamado oficial de la presidencia del Senado, a cargo de Victoria Villarruel. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó esta postura, afirmando que las leyes aprobadas carecen de validez porque no cumplen con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige especificar las fuentes de financiamiento para gastos no previstos en el presupuesto. Además, el oficialismo cuestionó los dictámenes de los proyectos, alegando que fueron emitidos en comisiones autoconvocadas sin la aprobación formal de Villarruel. 
 
 
No obstante, este argumento es débil por varias razones. Primero, Villarruel presidió el inicio de la sesión, lo que implica una convalidación institucional de su legalidad. Según el artículo 16 del reglamento del Senado, la mayoría absoluta de senadores (37 de 72) es suficiente para constituir quórum y validar una sesión, lo que se cumplió con 42 senadores presentes. Segundo, el pleno del Senado votó a favor de convalidar los dictámenes (42 a favor, 17 en contra, 3 abstenciones), lo que refuerza la soberanía del recinto. Incluso aliados del oficialismo, como el senador Luis Juez (PRO), apoyaron la validez de la sesión, lo que debilitó aún más el planteo del gobierno. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló en X que no existe base para judicializar un veto superado por el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo está obligado a acatarlo. 
 
La presencia de Villarruel en el recinto, a pesar de su retiro posterior cuando se cuestionó la legalidad, desarma el argumento de una sesión “ilegítima”. La vicepresidenta defendió su rol institucional, afirmando que está obligada a presidir las sesiones “gusten o no” y que el Senado, como “casa de las provincias”, tiene potestad para sesionar si se alcanza el quórum. Esta postura generó tensiones con el Ejecutivo, con cruces públicos entre Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la acusó de ser “cómplice del kirchnerismo” por no suspender la sesión. Villarruel respondió recordando el pasado de Bullrich en Montoneros y defendiendo su compromiso con la institucionalidad. 
 
Estos beneficios chocan con la narrativa del gobierno, que prioriza el superávit fiscal como “chaleco de seguridad” frente a cualquier gasto adicional. Milei argumenta que el bajo nivel de crédito al sector privado (9% del PBI) limita el impacto de cualquier desequilibrio fiscal, y que los efectos de estas leyes serían solo una “mancha” temporal hasta diciembre de 2025, cuando espera un Congreso más favorable. Sin embargo, esta postura ignora las necesidades inmediatas de los sectores beneficiados y subestima el respaldo político que las leyes obtuvieron, con mayorías que superan los dos tercios necesarios para superar un veto en el Senado. 
 
La amenaza de Milei de vetar y judicializar las leyes aprobadas el 10 de julio de 2025 refleja su compromiso con el equilibrio fiscal, pero se basa en un argumento legal débil. La presencia de Victoria Villarruel en la sesión y la convalidación de los dictámenes por el pleno del Senado otorgan legitimidad a las votaciones, desarmando el planteo de un “golpe institucional”. Las leyes, que benefician a jubilados, trabajadores informales, personas con discapacidad y provincias, representan un avance en la protección de derechos sociales, aunque implican un costo fiscal estimado en hasta 2,5% del PBI. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, agravada por las internas con Villarruel, anticipa un conflicto prolongado que podría definirse en la Cámara de Diputados o, eventualmente, en la Justicia. Sin embargo, el amplio apoyo parlamentario a estas medidas sugiere que el veto presidencial enfrenta un camino difícil, especialmente si la oposición mantiene su cohesión.